Pregunta espinosa como pocas. Una afrenta para aquellos que creen en la plena libertad de la red y un debate cada vez más necesario para aquellos que creen que internet se está convirtiendo en un peligrosísimo criadero de radicales y extremistas. En Colombia la discusión apenas está tomando fuerza. Una de las representantes del Centro Democrático, Margarita Restrepo, ya adelanta un proyecto de ley en Cámara que busca la cárcel para los creadores de cuentas falsas que calumnien, difamen o vulneren la intimidad personal y familiar.
En Alemania ya existe una ley que obliga a empresas como Facebook y Twitter a retirar de sus plataformas cualquier contenido ilegal, racista o injurioso en un periodo de 24 horas después de haber sido denunciados por los usuarios. El no hacerlo podría acarrear multas de casi US$60 millones. Canadá dictaminó que cualquier tipo de contenido que viole las leyes locales debe ser borrado de inmediato. Tanzania y Etiopía aprobaron leyes que regulan las conversaciones en internet, mientras que Pakistán, Brasil, Bolivia y Kenia están evaluando, al igual que nuestro país, unas reglas del juego que pongan en cintura a los violentos en redes.
Se trata del retorno a épocas opresivas, dirán algunos. Pues sí, pero somos nosotros, al igual que las compañías que controlan el internet, quienes hemos permitido los cada vez más incendiarios e irresponsables comportamientos de los desadaptados. Lo que al principio nos parecía gracioso se ha ido convirtiendo en una bola de nieve de impredecibles consecuencias. Ese bullying casual ha desembocado en manipulación de elecciones y en decisiones tomadas por información falsa. Y apenas estamos viendo la punta del iceberg.
¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿No es ya un poco tarde? Dos académicos de la escuela Stern de la Universidad de Nueva York (NYU) argumentan que los Estados tienen todo el derecho a proteger a sus ciudadanos, pero son categóricos al señalar que las actuales regulaciones no son el camino correcto.
“La legislación gubernamental es una herramienta desafilada que es más propensa a multiplicar los problemas que a solucionarlos”, señalan. Este tipo de regulación, agregan, terminará por legitimar las medidas represivas de regímenes autoritarios.
Y sí, es un riesgo mayúsculo. Entregarle a un gobierno la capacidad de determinar qué constituye un discurso de odio, una calumnia o una vulneración del individuo se prestará para todo tipo de abusos o represiones. Se despejará el camino para criminalizar cualquier cosa que agreda al gobierno de turno. Y aunque Facebook, Twitter, Google y YouTube ya están invirtiendo altas sumas de dinero para combatir a los abusivos, las estrictas legislaciones, señalan los académicos, llevarán a las empresas tecnológicas a un exceso de censura, limitando sustancialmente la libertad de expresión.
Estas quejas son válidas, y en realidad deberíamos estar preocupados por lo que pueda suceder. Pero de poco nos vale quejarnos y atornillarnos en la idea de un internet libre si no cedemos en algo y proponemos alternativas para acabar con tanta basura que se ha ido apoderando del internet. En nuestras manos sigue estando el poder defender un internet más limpio, con unas reglas del juego más claras para todos: para el gobierno, para las empresas tecnológicas y para nosotros.