El pasado 29 de agosto en el marco de lanzamiento del programa “Full popular” del Sena, escuchamos de parte del Presidente de la República, la siguiente afirmación: "aquí se han inventado dos palabras: Economía Informal y Economía Formal, dentro del discurso de la gente que ha gobernado Colombia, lo que importaba es la Economía Formal. Nosotros dejamos de hablar de informales, la gente no se divide entre formales e informales, la gente es trabajadora, punto".

Esta expresión políticamente potente, tanto por su tono incluyente como por su clara relación con la discursividad que promueve el texto de reforma laboral radicado por el Gobierno Nacional, demanda un análisis cuidadoso, pues aparentemente plantea la anulación de una discusión y reflexión histórica en el contexto social y económico colombiano, y es la disyuntiva entre el mercado laboral formal y el informal.

Sobre el particular, lo primero que hay que reconocer, es que al amparo del artículo 25 constitucional, el trabajo es un derecho y una obligación social, que goza “en todas sus modalidades” de la especial protección del Estado. En este sentido, se acierta al advertir que tanto aquel que desarrolla un trabajo formal como el que lo hace de manera informal encajan en la categoría de “trabajador” y por lo tanto deben ser objeto de una protección.

Ahora bien, lo problemático no está en el reconocimiento que todo trabajo lícito debe ser protegido sin importar la condición formal o informal en que se ejecute, sino en el hecho que equipararlos como categorías igualmente deseadas en el entorno país, pareciera entonces indicar que resulta indiferente socialmente el hecho que un determinado trabajador realice su oficio en condiciones de formalidad o informalidad.

Este punto es especialmente inquietante, pues desconocer la bondad en la aspiración de un sistema formal de trabajo, termina por normalizar un mercado laboral que precisamente por desarrollarse en condiciones mayoritariamente informales ha tenido un impacto negativo, en especial para la población más vulnerable, como el adulto mayor, la mujer, los jóvenes y los trabajadores o trabajadoras de ciudades y poblaciones intermedias, así como de la zona rural.

Los observatorios fiscal y laboral de la Pontifica Universidad Javeriana, publicaron recientemente la versión 2.0 del documento denominado “Reforma Laboral: Una aproximación desde la Academia, el cual recomiendo ampliamente leer (https://www.ofiscal.org/_files/ugd/5d5051_fd9f57781e8141b6b8b850d78001de79.pdf).

En dicha investigación académica, partiendo del concepto de identificar como trabajador informal aquel que no cuenta con un sistema de aseguramiento social principalmente en materia pensional, se concluyen aspectos que nos ayudan a comprender el problema de la informalidad, y por qué si es un dilema que no puede desconocerse, pues socialmente resulta más equitativo, pacificador y estable un mercado laboral formal que informal.

De la investigación mencionada, se concluye que el trabajador formal tiene mayor probabilidad de ser un futuro pensionado. Por su parte que el informal, muy seguramente no tendrá una pensión y por lo tanto deberá prolongar su edad como trabajador activo en el mercado laboral, así como depender de la asistencia generacional familiar y de los programas del Estado. Es así como la informalidad crea una población adulta mayor que depende del tener que seguir trabajando, o de la asistencia y caridad familiar y del Estado.

Otra conclusión de la investigación, es que el trabajo informal, en todas las edades, se remunera con menores ingresos que los que se reciben en el trabajo formal. De hecho lo común es que informal siempre está por debajo del salario mínimo legal mensual vigente.

Igualmente se concluye que la brecha del ingreso se agrava para las mujeres en todos los rangos de edad. La mujer se vuelve entonces una víctima mayor de la informalidad, no sólo porque es menormente remunerada, sino también porque la distribución promedio de tiempos en producción doméstica es mayor en ellas, lo que hace que en muchas ocasiones se vean obligadas a optar por trabajos informales que sean más comprensivos con la parcialidad del tiempo que pueden efectivamente dedicar para trabajar fuera de casa.

Adicionalmente hay que resaltar que con excepción de las cinco principales ciudades, en el resto del país la informalidad es mayor que la formalidad. Lo anterior permite concluir que ante la brecha de ingresos ya indicada entre lo formal y lo informal, el trabajo se remunera menormente en las ciudades intermedias y más aún en la zona rural.

Así las cosas, frente a la declaración referenciada en el inicio del presente análisis, compartimos la afirmación que tanto el formal como el informal son trabajadores, pero no el tono en el que pareciere quererse dar a entender que todos están en igualdad de condiciones. Desconocer los problemas del trabajador informal, es una forma de revictimizar a la población trabajadora más vulnerable, y también un mecanismo para ignorar las bondades de la formalidad. Es prudente que el afán por defender la reforma laboral no nos lleve a pensar que es lo mismo e igual de deseable ser formal que informal.

Finalmente, y apropósito del cómo una reforma laboral podría aportar en la disminución de la informalidad, llama poderosamente la atención otro dato que se encuentra en el estudio realizado por los observatorios.

Entre el año 2007 y el año 2012, la informalidad se mantuvo en un 61%, con excepción del año 2011 donde llegó al 62%. Ahora bien, en el año 2013 el indicador inició un interesante curso progresivo de decrecimiento, llegando al 51% en el 2020 antes de la pandemia.

El año 2012, fue entonces un punto de inflexión entre una informalidad que se petrificaba en un 60%, y el momento en que inició un descenso de 10 puntos hasta llegar al 51% en el 2020.

Seguramente son muchos los factores que influyeron, pero hay uno que no podemos dejar de mencionar, pues esto nos ayuda a sumar reflexiones sobre el papel que podría llegar a tener la reforma laboral que cursa en el Congreso de la República.

En el año 2012 se expidió la Ley 1607, una de las acostumbradas reformas tributarias. En materia laboral y de seguridad social, la norma trajo un aspecto novedoso, y fue la exoneración del pago de aportes parafiscales, así como la reducción de la cotización en salud en relación con los trabajadores dependientes que devengaban hasta 10 salarios mínimos legales mensuales, creándose a cambio el impuesto de renta para la equidad (Cree), medida ampliamente justificada en ese entonces como un mecanismo para incentivar la formalización laboral, algo que las cifras arriba mencionadas parecieran mostrarnos como un objetivo efectivamente cumplido.

Una reforma laboral que no se preocupa de frente por el informal y además eleva el estándar laboral de aquel que ya está en la formalidad, es una iniciativa que afecta al más vulnerable y crea más informalidad, algo que bajo ninguna óptica puede ser aplaudido como responsable. Así como en el año 2012, una reforma que dinamizó y alivió ciertas cargas al empleador, contribuyó significativamente en disminuir los índices de informalidad, una proyecto de ley que apunte en dirección contraria, debería producir un aumento en el mercado informal, lo cual básicamente significaría que parte de la población formal se tendría que mover a una nueva realidad de trabajo informal en la que es ausente el aseguramiento social pensional y en la que se devengan salarios más bajos.