¿Alguna vez han intentado cruzar nadando una piscina por debajo del agua? Bajo el agua, todo cambia. Los sonidos se desvanecen y solo queda el zumbido del agua alrededor. La sensación de flotar y deslizarse sin esfuerzo por el agua es casi mágica. Los músculos se tensan y relajan en armonía mientras las manos cortan el líquido con suavidad. Cada patada impulsa el cuerpo hacia adelante, y aunque los ojos están abiertos, el agua distorsiona la vista, creando un mundo etéreo de luces y sombras. El tiempo parece dilatarse bajo el agua. Los pensamientos se vuelven serenos, concentrados solo en mantener el ritmo y la dirección. A medida que uno avanza el oxígeno en los pulmones se agota lentamente. Y luego al alcanzar la superficie, cuando se logra la meta, llenando los pulmones con aire mientras siente la satisfacción de haber cruzado la piscina bajo el agua genera sensación de logro y calma después del esfuerzo. Quienes han nadado bajo el agua saben que, a pesar de que el instinto sugiere movimientos rápidos y bruscos para llegar rápido, en realidad, mantener la calma es crucial. Esto permite conservar más oxígeno en la sangre, prolongando así la permanencia bajo el agua. Además, una técnica adecuada en los movimientos no solo mejora el avance, sino que también contribuye a un mejor uso del oxígeno almacenado. Les contaré como se configura puja similar a la antes descrita, entre el instinto de aumentar el aumento del salario mínimo y la razón de sus efectos sobre la economía.

Es obvio que para algunos, la decisión más instintiva frente a una inflación en niveles que hace perder significativamente la capacidad adquisitiva del salario, sea abogar por un porcentaje de incremento alto a efectos de lograr que lo que se gana alcance por lo menos para lo mismo. Adicionalmente, y frente al entorno de país que nos muestra una tendencia negativa en materia de crecimiento económico y productividad, algunos podrían desprevenidamente plantear que la mejora del salario, implicaría en teoría para los trabajadores un aumento en sus ingresos, y por consiguiente una mayor capacidad de consumo de bienes y servicios básicos, lo que debería suponer un impulso a la economía nacional.

Un aumento indiscriminado del salario mínimo puede terminar influyendo en acrecentar la inflación, pues el productor traslada al consumidor final los mayores costos a través de los precios de venta. Por otro lado un aumento en los recursos disponibles podría llegar a incentivar un mayor consumo, el cual en medio de una economía con un sistema productivo lento, una industria en retroceso y un gasto público que se ejecuta insuficientemente, supondría entonces el encuentro de un mayor interés de compra con una oferta de bienes y servicios reducida. A esta puja entre razón e instinto, podemos seguir sumando factores. Como, por ejemplo, que un salario mínimo más alto es sinónimo de condiciones más dignas, sin embargo el progreso en el ingreso se puede volver fugaz ante el aumento de precios. Lo anterior adicionado al hecho que un aumento no cuidadoso del salario mínimo puede también incentivar la informalidad, más en un país donde el 63,2% de los y las trabajadoras devengan un salario mínimo o menos. Es decir que un salario mínimo que por su valor se distancie de las posibilidades reales de pago por parte del sistema productivo, termina por ser una referencia imaginaria, y seguramente serán más las personas que en consecuencia devengan menos de un salario mínimo y con ello un aumento en la informalidad.

La siguiente tabla muestra el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para cada año durante la década de los 90, el aumento porcentual en el salario mínimo y el aumento real, que es la diferencia entre el incremento del salario mínimo y el cambio en el IPC. Un valor positivo indica que el salario mínimo aumentó más que la inflación, mientras que un valor negativo indica lo contrario.

Frente a esta información, hay un elemento común en lo que respecta al comportamiento de la inflación durante los años 90, y es que el país sufrió de un fenómeno inflacionario alto. Con excepción de 1999, las inflaciones durante el mencionado periodo siempre fueron de dos dígitos, y de hecho en el último año de la década, si bien el dato no obedeció a dos dígitos, estuvo muy cercano a dicha referencia. Ahora bien, hay otro dato común para el periodo señalado, y es que frente a inflaciones altas, la forma como se comportó el incremento del salario mínimo fue especialmente prudente, de hecho comparando el comportamiento del índice de precios al consumidor para cada año y el porcentaje decretado de incremento, encontramos que el año en que el salario mínimo logró ganar mayor valor respecto de la inflación fue en 1998, cuando el incremento decretado fue de 18,50% en comparación con un IPC para 1997 de 17,68%, es decir que la brecha de incremento real fue sólo de 0,82 puntos. En esos años el país optó, en materia de definición de salario mínimo, por una decisión más racional y menos emocional o instintiva, como si mantener la calma y oxigenar fuese la respuesta para llegar a la meta debajo del agua.

¿Por qué los datos anteriores, más que una referencia histórica, resultan importantes para el momento actual? La Ley 278 de 1996 reglamentó las obligaciones y funciones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (en adelante Cpcps), dentro de las cuales se establecieron, entre otras, la de: “Fijar de manera concertada el salario mínimo de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia”. Corresponde entonces a la Cpcps el decidir el salario mínimo aplicable para la siguiente anualidad, teniendo como plazo de definición el 15 de diciembre (prorrogable hasta el 30 del mismo mes). En caso de que no se llegue a un consenso, corresponde al Gobierno Nacional la fijación vía decreto.

Es así como la Cpcps se encuentra en este momento deliberando con el fin de tratar de concertar el incremento del salario mínimo legal para el año 2024. Para dicha definición, se debe tener en consideración el contenido del artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo, junto con lo indicado en el artículo 8º de la Ley 278 de 1996. Estas dos disposiciones obligan a que la definición del salario mínimo obedezca a variables fundamentalmente técnicas como la inflación, productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB, la capacidad económica de las empresas y las condiciones de cada región y actividad económica.

Nuevamente, no se trata de realizar movimientos bruscos y pasionales que instintivamente pareciesen ser lógicos, pero racionalmente pueden causar un daño aun mayor.

La historia nos enseña lecciones valiosas sobre la relación entre ajustar el salario mínimo en periodos de alta inflación. Durante los años 90, optamos por ajustes moderados, logrando cierta estabilidad a pesar de la inflación elevada. Sin embargo, en 2021 y 2022, vimos cambios significativos en el salario mínimo ante una inflación alta, desencadenando consecuencias, que sumada a otros factores, aún afectan. Esto no quiere decir que la inflación sea culpa del salario mínimo, pero sí muestra que ajustes excesivos pueden no sumar a las soluciones frente a los desafíos económicos del país. A pesar de los aumentos, la inflación consumió rápidamente esos incrementos, convirtiendo el aumento en algo ilusorio. De manera que, para 2024 es crucial buscar ajustes más equitativos y moderados, como un aumento que no supere 10%, el cual pareciera razonable frente a la proyección de un IPC alto para el presente año que se estima entre 9,5% y 9,8%, por lo que la propuesta de 10% podría suponer un incremento real de 0,5 puntos, el cual si bien es moderado resulta razonable frente al contexto país. La pregunta que en este momento surge frente a la deliberación de la Cpcps es si esta ¿podrá tomar aire, sumergirse y avanzar sin ahogarse en este proceso, entendiendo que todo es cuestión de mantener la calma y evitar los movimientos bruscos, tal como nos lo enseña el nadador que cruza la piscina por debajo del agua?