*Diego Felipe Valdivieso
Juliana Morad Acero

Una vez conocido el texto oficial del proyecto de reforma laboral, en un primer momento resulta imperioso dirigir nuestra observancia para preguntarnos si ¿el proyecto responde a la necesidad de abordar de manera estructural las problemáticas del desempleo, la informalidad, la dignificación y la decencia del trabajo, las nuevas formas de actividad productiva asociadas a los avances tecnológicos y los desafíos de la territorialidad por cuenta de la virtualidad?

La cuestión del ¿Por qué una reforma? fue un asunto profundamente evidenciado en la más reciente Misión de Empleo, trabajo que reunió la visión y aporte de importantes y diversos expertos, que supuso un gran esfuerzo en tiempo y argumentos de quienes alejados de las miradas politizadas, ofrecieron unas conclusiones técnicas en el informe, y que no pueden ser ignoradas o simplemente accesorias cuando se trata de hablar de una reforma laboral.

En Colombia, se han realizado tres misiones de empleo: la primera en tiempos de Carlos Lleras Restrepo, en 1970; la segunda en el periodo de Belisario Betancur, en 1984, y, la última, en el gobierno de Iván Duque, cuyos resultados se anunciaron el 12 de enero de 2022. Llama la atención que todas las misiones han coincido en reconocer como inquietantes los indicadores de desempleo e informalidad del mercado laboral colombiano.
De manera particular, la última de las misiones sumó a las preocupaciones ya estructurales de informalidad y desempleo, los cambios en la estructura del empleo y el surgimiento de nuevas formas de contratación, la carencia de un balance general de las intervenciones públicas en los temas laborales y de las nuevas instituciones, y los impactos y transformaciones que a nivel de la dinámica laboral trajo la realidad de la pandemia.

Es claro, del informe de la misión, su insistencia en que los ejes fundamentales que se deben abordar para corregir la problemática del mercado laboral, son la informalidad y el desempleo.

Fue precisamente en el contexto de los dos ejes anteriores que el estudio de la misión concluyo que “bajo el marco institucional actual, el crecimiento económico por sí solo no podrá reducir la informalidad. Más bien al contrario, considera que mientras ese marco siga vigente, el crecimiento será más lento del que se podría lograr dado el talento y el esfuerzo de los colombianos. La conclusión central de esta Misión, basada en la experiencia acumulada desde la anterior, en las investigaciones realizadas a lo largo de las últimas décadas por los estudiosos del mercado laboral colombiano, y en sus propios análisis, es que el país requiere un cambio profundo en materia de protección social y regulación laboral” (pg. 30).

Así las cosas es evidente que la reforma laboral que resulta prioritaria para Colombia debe tener como frentes centrales de trabajo: 1. Por un lado, ajustes en la regulación laboral que promuevan la generación de empleo; y 2. La estructura del sistema de protección social que facilite el acceso a todos los colombianos.

Hecha la anterior referencia, lo primero que se quiere advertir del análisis realizado al proyecto de reforma y a la forma como se estructuraron los ejes temáticos y el desarrollo de las mesas de discusión tanto de la subcomisión como de la comisión de concertación de políticas salariales y laborales, es que el proyecto radicado el pasado 16 de marzo, deja de lado las cuestiones de la informalidad y el desempleo, tal como se evidencia del perfilamiento realizado por este observatorio a los 76 artículos contenidos en la reforma.

De los 76 artículos del proyecto, es claro que la reforma presentada tiene dos ejes protagónicos, por un lado la incorporación de medidas que terminan por elevar los costos de la contratación laboral formal, y por otro lado atender un conjunto de requerimientos o expectativas de las organizaciones sindicales y centrales obreras.

En cifras, 62% del articulada aumentan los costos laborales, 61% atiende directamente peticiones o aspiraciones de las organizaciones sindicales, 59% tendría un impacto directo en quienes ya cuentan con un empleo formal, 8% impactaría a un segmento de la población trabajadora informal, 9% abordaría nuevas realidades o formas de trabajo y en 0% se establecen políticas, acciones o ajustes normativos dirigidos a generar nuevas plazas de empleo. El 34% del articulada incluye iniciativas de perfil progresista, pero a su vez 34% pretende revivir instituciones o condiciones pasadas que podrían resultar anacrónicas si no se acompasan con el cambio del entorno social, económico, y en general que el trabajo hoy día se desarrolla técnica y generacionalmente de manera diferente. Se resalta que 7% pretende desmontar las modificantes protagónicas de la Ley 789 de 2022. Finalmente que 14% podrían tener como efectos crear un sistema de inamovilidades laborales.

En un análisis posteriores pausaremos en cada uno de los ejes de la reforma para advertir sobre su conveniencia o impertinencia. Por ahora es suficiente con reiterar que sólo 8% aborda de manera tangencial el problema del informalidad (aseguramiento social) y 9% la cuestión de nuevas realidades o formas de trabajo, de manera concreta en lo que se refiere a plataformas de reparto, trabajo rural y trabajo domestico. Son ausentes las temáticas del desempleo, y el incremento de los niveles de cobertura de aseguramiento social. También se abandonan asuntos modernas y necesarias como el teletrabajo y las tensiones de territorialidad frente a formas de trabajo donde prima la no presencialidad.

Se concluye entonces que la informalidad y el desempleo son deficientemente abordados en el proyecto de reforma. Y esto no resulta menor al analizar cómo es el mercado laboral colombiano. Tomando como referencia los años 2019, 2021 y 2022 según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 54,2% de los trabajadores colombianos trabajan solos o en micro y pequeñas empresas y reciben salarios medios que están por debajo de los mínimos mensuales legales vigentes. En este sector igualmente prima la informalidad: oscila entre 77% y 87%, lo que responde a muchas causas entre las que encontramos un salario mínimo por encima del salario real, la estructura de costos laborales, y las barreras de acceso a la seguridad social. No sobre advertir que incrementar los costos laborales actuales supondría una mayor distancia entre las brechas de la informalidad y la formalidad, pues hoy día el segmento informal ni siquiera devengan un salario mínimo mensual, mas complejo entonces aspirar a una un sistema laboral ahora mas costosa.

Los únicos esfuerzos sobre la materia, se observan en relación con las personas que prestan sus servicios a través de las plataformas de reparto, el servicio doméstico, y el trabajador del campo. Se debe indicar que en relación con los trabajadores de plataformas digitales el avance a destacar es que se pretende lograr una solución a la cuestión de su vinculación al sistema de protección social, reconociendo la posibilidad de cotizaciones proporcionales a la jornada incluso por debajo del mínimo mensual. En el campo también hay avances importante no sólo por la figura del jornal integral, sino también por la forma como se pretende armonizar esta forma de pago creando igualmente la posibilidad de cotizaciones en proporción a los ingresos.

Lo radicado el pasado 16 de marzo es un proyecto que por tanto no está dando respuesta a más de la mitad de los trabajadores colombianos. Sigue sin abordarse la cuestión de cómo garantizar que toda forma de trabajo se de en el marco de un sistema de aseguramiento de la protección social. Se alerta que el incremento desproporcionado de costos laborales suma en las barreras que ya tiene aquel trabajador que en la actualidad es informal, y podría generar que empleos formales migren a condición de informalidad.
También se alerta que materia de programas de generación de empleo, la reforma es nula. Hay una cargada preocupación por aquel que ya tiene trabajo, pero un abandono por el que no. Este aspecto es especialmente problemático, pues en un mercado laboral deficitario como el colombiano, robustecer las garantías al empleado y hacer invisible al desempleado, supone una forma no socialmente responsable de democratizar el trabajo.

En esta primera entrega, se comparte nuestra mirada sobre la pertinencia del enfoque dado a la reforma, concluyendo que en términos generales son más los desaciertos que los aciertos, pues en realidad se desatienden los ejes centrales que demandan el mercado laboral y por el contrario se atienden otros que pueden generar un impacto más negativo que el positivo pretendido.