Hay una afirmación bastante común, que, de hecho, comparto, y es que la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral. La razón es sencilla, una reforma laboral que promueva la formalidad laboral tiene incidencia directa en favorecer el número de personas que logran pensionarse, que al final es el objetivo primario de los sistemas pensionales. Lo anterior, en consideración a que uno de los elementos característicos del trabajo en condiciones de formalidad es que el trabajador cuente con un sistema de protección o de aseguramiento social, que le permita cubrir, entre otros, los riesgos asociados a la vejez, la invalidez y la muerte.

Recientemente los observatorios Laboral y Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, presentaron el informe: “10 años del mercado laboral en Colombia 2013-2023”. Una de las conclusiones del mencionado informe es que, en el periodo bajo estudio, se observa “un aumento en la formalidad laboral y una disminución en la informalidad”, lo cual es atribuido a cambios normativos que redujeron los costos en la contratación laboral, como los establecidos en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 2616 de 2013, normas que disminuyeron o hicieron más eficientes las cotizaciones a la seguridad social y la parafiscalidad. Otra las conclusiones del estudio es que dentro “de los adultos mayores, el porcentaje de pensionados se mantuvo constante (25%), pero aumentó la cantidad de personas que tienen pensión y no participan del mercado laboral y disminuyó la proporción de los que participan (pensionados PEA)”, dato este último que resulta importante, pues si bien es claro que sigue existiendo una deuda importante con la población adulta mayor, la mejora en la formalidad laboral ha ayudado a mitigar el impacto que tiene el hecho que la población adulta mayor ha sido la que mas ha crecido entre el 2013-2023, con un cambio del 11% al 15.3%. En otras palabras, si la informalidad no hubiera disminuido o se hubiera mantenido, podría haber un menor porcentaje de pensionados por el hecho del aumento demográfico de este segmento poblacional.

Lo anterior nos revela una relación más que incidental, y es que la norma tiene la capacidad de influir favorable o desfavorablemente en cuanto a la calidad del trabajo, es decir, si este es informal o formal, y con ello también en en favorecer o no la construcción de una pensión vía el tradicional modelo de cotización.

En esta línea de análisis, fue que se produjo el tan sonado y ahora un poco olvidado informe publicado por el Banco de la República en mayo de 2023, en el que se alertaba sobre el efecto que podría tener el enfoque de la reforma laboral sobre cerca de 450 mil empleos formales, que podrían moverse hacia la informalidad debido al aumento de los costos laborales planteado en las bases del proyecto de reforma laboral del Gobierno Nacional, y que en mi opinión se mantienen en lo recientemente aprobado en primer debate por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Ahora bien, si pusiéramos a conversar este efecto de informalidad con lo aprobado recientemente en materia de reforma pensional, encontraríamos una relación que debe ser objeto de análisis y cuestionamiento.

El nuevo sistema pensional crea un único régimen conformado por cuatro pilares: Solidario, Semicontributivo, Contributivo y Ahorro Voluntario.

El pilar solidario está dirigido a las personas en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. El pilar semicontributivo conformado por hombres mayores de 65 años y mujeres de 60 años, quienes habiendo cotizado al pilar contributivo no alcanzan a cumplir requisitos para acceder a una pensión.

El pilar solidario y semicontrivutivo se alimentarían, entre otras, por trabajadores informales, que precisamente no generaron cotizaciones al sistema pensional, o lo hicieron de manera insuficiente, y, por lo tanto, estarían llamados a integrar la población adulta vulnerable futura, por el simple hecho que, al perder la capacidad de trabajo por razones de la edad, entran en una situación de extrema exposición social al no contar con una fuente de ingresos que les garantice su subsistencia.

El estudio de los observatorios fiscal y laboral de la Universidad Javeriana nos muestra que, al cierre del 2023, en Colombia hay cerca de 7.807.265 adultos mayores y solo un 25% de estos recibían algún tipo de pensión.

En cifras concretas, habrían cerca de 5.855.449 adultos mayores a los que la reforma pensional promete una alternativa de ingreso desde el régimen solidario o semicontributivo, lo que representa un gran capital político, con independencia de la gran incertidumbre fiscal sobre la capacidad del Estado para asumir tal compromiso.

Así las cosas, la relación es sencilla, una hipótesis frente a la indiferencia relacionada con las voces y argumentos que han advertido que una reforma laboral que aumente los costos laborales puede producir informalidad, es el hecho que la informalidad podría llegar a ser vista no como un problema sino como una oportunidad, si se tiene en cuenta que a través de la reforma pensional se permite y faculta al Gobierno Nacional para que a través de la focalización que este defina, atienda mediante apoyos económicos a la población adulta expuesta a una condición de pobreza, es decir, a quienes no lograron construir una pensión por razones, entre otras, a causa de la informalidad del trabajo que tuvieron en su etapa productiva.

Confiemos en que no estemos en medio de un actuar intencional y políticamente calculado, que vea en la destructuración del mercado laboral mediante la promoción de la informalidad un medio para crear dependencia ecónomica del estado en la época adulta. Este punto de alta sensibilidad debe ser abiertamente debatido en lo que queda del tramite de la reforma laboral.