Pasadas las elecciones regionales, y posiblemente después de un periodo pequeño de silencio, volverá al pasillo del Congreso el trámite de la reforma laboral, muy posiblemente en medio de los afanes decembrinos los cuales suelen plantear dinámicas legislativas donde la velocidad tiende a sacrificar la tecnicidad de la discusión.

Mas allá de las distintas lecturas que puedan hacer los analistas políticos de los resultados de la jornada electoral del 29 de octubre, hay una que es obvia a todos, y es que Colombia es un país de muchos matices y voces, y que todas absolutamente todas están llamadas a ser consideradas como base de un proceso de construcción social incluyente.

Es precisamente en medio de ese llamado de inclusión y no exclusión que hace el pueblo colombiano y que se expresa en el resultado de la elección de los mandatarios locales, que vale la pena resaltar que el pasado 12 de octubre los y las representantes ponentes del proyecto de reforma laboral fueron notificados de la decisión adoptada por la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre la acumulación en un sólo trámite de los proyectos de Ley 166, 192 y 256 de la mencionada célula legislativa.

Vale la pena recordar que el proyecto de ley 166 responde al articulado promovido por el Ministerio del Trabajo. Por su parte, el proyecto 192 se trata de la propuesta promovida por la bancada del partido conservador y, finalmente, el proyecto 256 es de autoría de siete congresistas de distintos sectores.

Lo anterior representa un paso importante en el objetivo de enriquecer la discusión de la reforma laboral, de tal manera que la dialéctica no se centre única y exclusivamente en un proyecto de articulado construido bajo un solo lente, el del Gobierno Nacional. En línea con lo anterior, se propone que el legislador considere otras propuestas edificadas bajo diferentes visiones, generando así un ecosistema que favorezca la necesaria pero hasta ahora evadida concertación; aspecto que resulta más que relevante cuando se trata de la construcción de iniciativas legislativas de tanto impacto social, económico y político como el de una reforma laboral.

Si algo fue recurrente durante el primer semestre, en el decir de los promotores de la iniciativa de reforma promovida desde el Gobierno Nacional, es que se lamentaba la supuesta “ausencia” de propuestas por parte de quienes planteaban críticas al texto elaborado desde el Ministerio del Trabajo. Vale la pena aclarar que ello no era cierto, pues durante el trámite de la reforma laboral, en la legislatura anterior, se conoció no sólo el proyecto del Ministerio del Trabajo, sino también el Proyecto de Ley 409 de la Cámara promovido por 30 congresistas de distintos partidos, adicional a dos ponencias alternas a la ponencia mayoritaria al texto radicado por el Ministerio del Trabajo.

Valga la pena decir que el mencionado Proyecto 409 y las ponencias alternas resultaron silenciadas aparentemente por el trámite dado por la mesa directiva de la Comisión Séptima, que no promovió la acumulación de los proyectos de ley. Adicionalmente, evadió el debate de las ponencias alternas por cuenta de cierto actuar a la hora de votar el informe de ponencia elaborado por los representantes afines al Gobierno Nacional.

La acumulación de proyectos que ahora se nos presenta, sin duda representa para el legislador la oportunidad de construir consensos y evitar el peligroso camino de la imposición de una única mirada.

A pesar de lo anterior, y de la aparente genuina aspiración del Gobierno Nacional de exigir que se planteen propuestas por aquellos que no comparten el enfoque de su iniciativa, llama poderosamente la atención, que conocida la decisión de la mesa directiva de unificar los trámites de los tres proyectos de ley, el Ministerio del Trabajo, a través de su oficina jurídica, ha dirigido una comunicación a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. En ella, de manera desconcertante se propugna implícitamente para que no se acumulen los proyectos de ley, insistiendo en que para la discusión del trámite de la reforma laboral sólo se tenga en cuenta el articulado del proyecto Ley 166 promovido por el Gobierno Nacional. Lo anterior con el fin de apartar de la discusión otras iniciativas, tal como sucedió en el primer semestre, en el que mientras se evitaba sumar al debate otros proyectos de articulado, a la vez se alegaba la ausencia de propuestas alternas.

Lejos de insistir en la fórmula de impedir enriquecer el debate con otras propuestas, lo social y políticamente responsable es permitir que se sumen muchas y más diversas voces, por lo que nos corresponde a todos facilitar y promover el proceso de divulgación de las distintas iniciativas y no sólo la del Gobierno Nacional.

Es precisamente en ese contexto que vale la pena invitar a la lectura del texto del Proyecto de Ley 256 (unificado en su trámite con el proyecto del gobierno). A pesar de ser tal vez el menos conocido de los acumulados, cuenta con un enfoque interesante que podría merecerle el atributo de ser la propuesta mejor enfocada de las tres acumuladas.

Es claro que este proyecto conversa con dos preocupaciones particulares, que además coinciden con las problemáticas en las que se ha insistido por muchas voces, incluido las de la última misión de empleo, que caracterizan los desafíos del mercado laboral colombiano y que deben ser los ejes centrales de una reforma: La informalidad y el desempleo.

El proyecto de Ley 256 plantea propuestas concretas direccionadas a combatir la informalidad, esto con acciones como: a) la creación de un sistema de afiliación transaccional y ventanilla única para trámites laborales; b) permitir el pago mensualizado del auxilio de cesantías; c) la institucionalización de un programa de formación permanente; d) la eliminación y sustitución de algunos trámites administrativos; y e) la creación de un contrato agropecuario.

Por su parte, frente al desempleo, la propuesta propone combatirlo mediante la creación de programas como el del refuerzo al empleador formal, dirigido a crear plazas de trabajo para la población más vulnerable como las personas en situación de discapacidad, mujeres cabeza de hogar, mujeres mayores de 28 años, adultos mayores y jóvenes entre los 18 y 28 años de edad.

Igualmente, con el propósito de proteger el empleo existente, establece acciones dirigidas a los actuales trabajadores formales con ingresos de hasta tres veces el salario mínimo legal mensual, así como la creación de un programa de beneficio por aumentar la productividad, y estímulos por la creación de nuevos empleos.

Ahora bien, resulta especialmente plausible el que se proponga la creación de un seguro integral de promoción del empleo y protección al trabajador cesante, figura de la cual adolece nuestro país por cuanto no se ha logrado crear un sistema de atención real a la población que pierde su trabajo.

La humildad es de valientes, y en ese sentido, llamamos a la valentía del Gobierno Nacional y de los ponentes de la reforma, para que puedan reconocer de otros esfuerzos, propuestas que podrían ayudarnos a materializar el deseo de una reforma laboral incluyente, que nos ayude a mirar hacia delante y no hacia el pasado. Ojalá no caigan nuevamente en el error de considerar que sólo unos son dueños de la razón, pues esto llevará, como ya sucedió en la legislatura anterior, al fracaso del trámite del proyecto de reforma y con eso la pérdida de la oportunidad en tener una necesaria y buena reforma laboral.