En 2012 Colombia levantó un peaje. No estaba en una carretera, sino en la puerta de entrada al empleo formal. El artículo 25 de la Ley 1607 exoneró a las empresas contribuyentes de renta de los aportes al Sena, al Icbf y de la cotización a salud a su cargo respecto de los trabajadores que devengaran menos de diez salarios mínimos. La medida redujo el costo de nómina hasta en 13,5 puntos. El Proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado por el Gobierno ante el Congreso, propone volver a instalar ese peaje, al menos en algunos carriles y en unos cuantos de ellos a un costo significativamente mayor.

Aquel peaje no se levantó gratis. La exoneración tuvo una contrapartida: el Cree, un impuesto sobre las utilidades empresariales. Con la Ley 1607, se buscaba aliviar la carga de las empresas intensivas en mano de obra y aumentar la de aquellas intensivas en capital, una apuesta clara por crear empleo, y por hacerlo en condiciones formales. En 2016 se eliminó el Cree, sus puntos se incorporaron a la tarifa general de renta y la exoneración pasó al artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Cambió el instrumento, pero se mantuvo la compensación.

El artículo 20 del proyecto de Ley 477 de 2026 pretende modificar ese esquema: desde 2027, la exoneración total cubriría únicamente a quienes devenguen hasta dos salarios mínimos; entre dos y tres, el empleador pagaría una tarifa reducida, y por encima de tres asumiría la totalidad de los aportes. La propuesta responde a una situación fiscal especialmente difícil. Pero el peaje no solo vuelve: también sube de precio, y ahora no solo lo paga el vehículo, sino también los pasajeros. El artículo 21 mantiene en 8,5% la cotización a salud a cargo del empleador, pero vuelve progresiva la del trabajador: se conserva en 4% hasta dos salarios mínimos y sube por tramos hasta el 8% para quienes ganan entre 20 y 25. Los independientes, que hoy cotizan el 12,5%, pasarían a una escala que llega al 15,5%. Incluso la trocha de la prestación de servicios tendría caseta; la única vía que seguiría sin cobro es la informalidad. Y el incentivo para tomarla ya no sería solo del empleador: también el trabajador, y con mayor razón el independiente, que liquida su propio aporte, podría encontrar razones para declarar menos ingresos o para quedarse por fuera del sistema.

Antes de reinstalar un peaje de esta magnitud, lo prudente es mirar qué pasó con el tráfico mientras estuvo levantado. El tráfico creció: un informe de 2024 de los observatorios Laboral y Fiscal de la Javeriana, con datos del Dane, muestra que, entre 2013 y 2023, la proporción de ocupados que cotiza a pensión pasó del 33% al 41% entre los hombres y del 33% al 45% entre las mujeres. El informe atribuye parte de la reducción de la informalidad a la Ley 1607, junto con otros factores. Ni siquiera la pandemia devolvió el tráfico: en 2023, la formalidad se mantenía por encima del nivel inicial.

La informalidad es una deuda que se cobra tarde: adultos mayores sin pensión y cada vez más dependientes del Estado. Trasladar cargas al futuro puede desincentivar la actividad productiva presente, algo no menor mientras el reloj demográfico corre: según el mismo informe, los adultos mayores pasaron del 11% al 15,3% de la población en esa década. El agotamiento del bono demográfico, una ventana que no suele abrirse dos veces, refuerza la necesidad de aportar y acumular ahorro para la vejez mediante el empleo formal.

Hay que reconocer que la propuesta deja el peaje levantado en los carriles con más tráfico: en 2023, el 91% de los ocupados ganaba menos de tres salarios mínimos, de modo que la mayoría conservaría un beneficio total o parcial. Sin embargo, presenta dos riesgos. Primero, convertir cada umbral en una caseta que desincentive los aumentos de ingresos: al determinarse los tramos por trabajador, superar un umbral encarece todo el salario, no solo el excedente, en un mercado donde el informe ya advierte una compresión salarial alrededor del mínimo. Segundo, frenar la formalización o incentivar la informalidad de las personas con mayores ingresos, quienes, valga la pena decirlo, son los que más aportan al sistema por persona.

El proyecto también modifica la retención en la fuente de los asalariados: el artículo 50 reduce el umbral de aplicación de 95 a 65 UVT mensuales y el artículo 49 disminuye el tope de rentas exentas y deducciones a 1.180 UVT anuales. Para los ingresos medios se sumarían, entonces, tres cobros: la cotización del empleador, una mayor cotización a salud del trabajador y una mayor retención. Todo esto representa un riesgo, que resumo en esta frase: Quien instala un peaje en una vía con trochas alternas, suele recaudar menos de lo que calculó.

Antes de cobrar en la caseta, hay que contar el tráfico. El debate legislativo debería resolver con datos: ¿cuántos cotizantes ganan más de tres salarios mínimos y qué proporción de los aportes representan? ¿Cómo se comportan la contratación y los salarios alrededor de los umbrales? ¿Cuál sería el recaudo neto, descontando los aportes perdidos si parte de esos empleos migra a la informalidad o a la prestación de servicios? ¿Qué efecto conjunto tendrían la modificación de la exoneración, la nueva cotización a salud y la nueva tabla de retención sobre el ingreso disponible y sobre la decisión de formalizarse? Si se retira la exoneración, ¿debería revisarse la tarifa de renta que absorbió los puntos del Cree?

Restringir la exoneración podría aliviar las cuentas públicas en el corto plazo. No obstante, antes de hacerlo, debe estimarse si ese alivio se sostiene cuando se consideran sus efectos sobre el empleo formal y las modalidades alternativas de contratación. En suma, antes de instalar la caseta conviene saber si, mientras se cuentan los billetes, el tráfico tomará la trocha como atajo.