El gran reto que tenemos es construir país. Lo que ocurre en este Gobierno no es por generación espontánea, se trata de una agenda de contrarreformas de lo realizado hace 30 años, reformas que fueron desafortunadamente insuficientes y además han sido progresivamente socavadas por un esquema creciente de asistencialismo estatal. Este gobierno llegó con la consigna de reversar lo logrado con las reformas a los servicios públicos, a la salud, al régimen laboral y a la modernización empresarial.

La tarea simple y que se dará por simple reacción democrática será el cambio de línea de gobierno. La tarea compleja y realmente importante es la construcción de la agenda de transformaciones que realmente necesitamos. La opción no puede ser que terminado este gobierno volvamos a lo de antes. Eso de “antes” es el tipo de país, de economía, de Estado y de Gobierno típico en Latinoamérica, que hace que esta región sea el ejemplo de involución y atraso a nivel global. Ser otro país más en el continente de las oportunidades perdidas.

El punto clave para la construcción de la agenda es la metodología de diagnóstico que utilicemos. Un instrumento pertinente es el “Diagnóstico del Crecimiento” propuesto por Hausmann Rodrick y Velasco. Una versión basada en modelos dinámicos de crecimiento se encuentra en “Driving Complexity in Economic Development” (Gómez, Aparicio, Ubano, 2023).

El diagnóstico evidencia cómo el estancamiento se ha derivado de una lenta capacidad de creación de empresas en sectores de mayor valor. El proceso de creación de empresas es el mecanismo central de aprendizaje e innovación de una sociedad, y de este proceso se deriva la creación de empleo y con este las dinámicas de inclusión y cohesión social.

La baja dinámica de creación se asocia con dos restricciones: la muy baja rentabilidad causada las altas cargas impositivas y de contribuciones, (para el caso de Colombia superan en 73%, medidas con el indicador del Banco Mundial), el pesado esquema regulatorio y el restringido mercado de capitales y de financiación. Esto conduce a que más de 80% de los emprendimientos no superan los 5 años de existencia (GEM, 2023).

La agenda de reformas debe habilitar un proceso de cambio social desde la creación y transformación de las empresas que generen un tejido social incluyente y generador de valor. Siguiendo este proceso diagnóstico, las dos transformaciones prioritarias.

Se requiere un marco fiscal y regulatorio que permita a la sociedad generar una amplia diversidad de nuevos proyectos de inversión. Requerimos reducir los impuestos y cargas contributivas a las empresas. Los países de crecimiento y transformación acelerada en los últimos 70 años han tenido tasas de contribución inferiores a 25%.

Esta transformación implica una profunda reforma del Estado y su estructura fiscal. Se debe hacer eficiente y eficaz el Estado reduciendo su gasto, haciendo efectivas sus trasferencias, convirtiéndolas de subsidios a incentivos y que permitan pasar de una sociedad de asistencialismo a una basada en familias capaces y autónomas. Esto implicará también un rediseño fiscal apoyado en el uso efectivo de los recursos mineroenergéticos convirtiéndolos en la base de la construcción de las capacidades sociales, apoyadas en fondos soberanos derivados de sus ingresos. Esto se deberá acompañar de otras reformas.