Colombia, al borde del apagón por una regulación que impide construir

Colombia se aproxima peligrosamente a una crisis de abastecimiento eléctrico. No porque carezca de recursos naturales, capacidad empresarial o proyectos de generación, sino porque ha creado un sistema regulatorio que convierte cada nueva central y cada línea de transmisión en una carrera de obstáculos administrativos, judiciales y territoriales.

Durante 2025 debían entrar en operación 3.517 megavatios de nueva capacidad. Solo ingresaron 380 megavatios, cerca de 11% de lo previsto. Esta brecha no es un problema menor de ejecución: significa que el crecimiento de la demanda se está atendiendo con una infraestructura que envejece, una generación cada vez más dependiente de las lluvias y un parque térmico condicionado por la disponibilidad y el precio del gas natural.

Buena parte de los proyectos renovables anunciados durante la última década permanece suspendida, retrasada o abandonada. Los parques eólicos Alpha y Beta, que aportarían aproximadamente 500 megavatios, fueron abandonados después de años de demoras en permisos, modificaciones ambientales y procesos de consulta que pasaron de involucrar 56 comunidades a 113. Windpeshi, de 205 megavatios, fue suspendido después de que bloqueos y conflictos territoriales paralizaran buena parte de las jornadas de construcción.

El problema es todavía más grave en transmisión. La línea Colectora, proyectada para transportar la energía eólica de La Guajira hacia el centro del país, debía entrar en 2022. Cuatro años después continúa afectada por consultas, modificaciones y dificultades territoriales. Sin esta infraestructura, la energía renovable puede existir en los planes, pero no llegar a los hogares ni a las empresas.

Una situación semejante se observa en Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza y Chivor-Norte-Bacatá, obras necesarias para reforzar el suministro de Bogotá, Cundinamarca y Meta. Sus fechas iniciales se remontan a 2015 y 2017, pero han acumulado trámites ambientales, sustracciones de reservas, audiencias, oposiciones, acciones judiciales y modificaciones de licencia. La Upme ha advertido que la ausencia de estos refuerzos reduce la capacidad para responder a fallas y mantenimientos en la región que concentra cerca de una tercera parte de la demanda nacional.

La consulta previa es un derecho que debe respetarse y la protección ambiental no puede ser eliminada en nombre de cualquier proyecto. Sin embargo, un derecho sin procedimientos definidos, plazos razonables ni responsabilidades institucionales puede convertirse en un mecanismo de bloqueo permanente. El Estado certifica nuevas comunidades cuando los proyectos ya están diseñados, permite que las negociaciones se prolonguen indefinidamente y deja que empresas y comunidades resuelvan solas conflictos que deberían contar con presencia estatal.

Colombia no necesita escoger entre medio ambiente y electricidad o entre comunidades y desarrollo. Necesita una nueva concepción de la gestión ambiental y de las comunidades con una nueva regulación orientada a la gestión de los recursos y la promoción del desarrollo regenerativo. Que evalúe impactos con rigor, pero que también decida; que consulte, que cierre los procesos; y que proteja a la vez que transforme y regenere los territorios sin paralizar indefinidamente la infraestructura.

El apagón todavía puede evitarse. Pero continuar aplazando proyectos mientras aumenta la demanda equivale a confiar en que siempre llueva, en que no fallen las centrales y que alcance el gas. Esa no es una política energética: es una apuesta cada vez más peligrosa.