El desastre de justicia que tenemos

El respeto de la ley es la base de la democracia y las instituciones. Venecia, que fue base de la civilización, hizo del respeto a los contratos el fundamento de su sociedad. En “El mercader de Venecia” de Shakespeare se presenta cómo el cumplimiento de un acuerdo era crucial para la supervivencia misma de la república del mar. Qué lejos estamos hoy en Colombia de la majestad del cumplimiento de la ley.

El desempeño de la justicia en Colombia en los estudios y rankings internacionales suele evaluarse a través de índices que miden aspectos de gobernanza, institucionalidad y competitividad. En el World Justice Project (Rule of Law Index), Colombia se ubica en 2024 en la posición 91 de 142 países y 22 de 32 en América Latina y el Caribe. En Justicia Penal es el país 114 dentro de 142. Las mayores dificultades están asociadas con la ineficiencia procesal, la lentitud en la resolución de casos y una percepción extendida de corrupción, lo que limita la confianza en el sistema judicial. Esto se refleja también en el Índice de Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional), donde el país obtuvo 39/100 puntos en 2024, equivalente al puesto 92 de 180 países.

El Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial incorpora la justicia dentro del pilar de Instituciones. Allí se consideran variables como la independencia judicial, la eficiencia del marco legal para resolver disputas y la capacidad para impugnar regulaciones. La justicia es entendida como un componente relevante del entorno institucional que influye indirectamente en la competitividad de un país. Estas mediciones se basan en datos combinados: información objetiva y encuestas de percepción a empresarios.

Por su parte, el Rule of Law del Banco Mundial, dentro de los Worldwide Governance Indicators, mide percepciones sobre el respeto a las reglas, calidad del sistema judicial, aplicación de contratos, protección de la propiedad y control de la criminalidad. Se presenta en una escala de −2,5 a +2,5 y se construye a partir de más de 30 fuentes entre encuestas, expertos e instituciones. En conjunto, los tres enfoques -WJP, WEF y Banco Mundial- indican una grave crisis en la justicia colombiana con rezagos en eficiencia, corrupción e impunidad, lo cual afecta tanto la confianza ciudadana como la competitividad económica.

Un caso aberrante e indigno de una democracia es tener como ministro en funciones presidenciales a Armando Benedetti, que enfrenta actualmente varios procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia, en su mayoría relacionados con hechos ocurridos durante su tiempo como congresista. Entre los casos más relevantes se encuentran el caso Fonade, posibles actos irregulares en Electricaribe y la Electrificadora del Meta, favorecimientos a Simetric S.A., compra de votos en La Guajira (2018), supuestos actos de corrupción en Córdoba vinculados al magisterio y un proceso por enriquecimiento ilícito por más de $3.000 millones, indagaciones por su presunta participación en financiación irregular de la campaña presidencial de 2022.

¿Por qué después de una década no hay justicia para que haya una democracia transparente y garante de la ley para los colombianos? La reforma más profunda que requiere nuestra sociedad es la del sistema judicial que tendrá que acompañarse de la transformación de esos patrones éticos que nos permiten votar por pillos.