El “genocidio” de Petro
lunes, 2 de marzo de 2026
Diego Gómez
En derecho internacional, “genocidio” es una categoría penal con una definición relativamente precisa. Se suele considerar genocidio cuando concurren, de manera conjunta, (i) un “grupo protegido” y (ii) un conjunto de actos prohibidos, cometidos con una intención específica de destrucción del grupo.
“Preterintencional” describe una forma de responsabilidad penal en la que una persona actúa con intención de causar un resultado menos grave, pero finalmente produce un resultado más grave que no buscaba, aunque deriva de su conducta.
La argumentación no pretende ser jurídica, sino política. El gobierno Petro, de manera expresa, decidió “derrumbar” las EPS, ahogándolas financieramente, y de ello se han derivado efectos preternintencionales de muertes y afectaciones a los pacientes del sistema de salud colombiano.
En un caso con propósitos políticos, el Pacto Histórico y la Primera Línea montaron una campaña de odio con la leyenda negra de 6402 falsos positivos, basados en un universo posible de casos considerado por la JEP. En noviembre de 2024, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, presentó públicamente “los nombres de 1.934 víctimas identificadas mediante un proceso de alta contrastación judicial”. Estos nombres conforman la parte del universo de hechos que ya ha sido rigurosamente verificada.
Esta cifra es superada con creces con lo que es denunciado como muertes causadas por la intervención del gobierno Petro al sistema de salud.
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras, Fecoer denunció que en 2025 murieron 2436 personas por fallas en la atención. Los registros del Sispro, presentan 2.033 muertes en lo corrido del 2025 al cierre del 28 de noviembre. Diego Gil, representante de Fecoer, indicó que en 2020 y 2022 los fallecimientos oscilaron entre 1.541 y 1.909 casos, para 2024 la cifra llegó a 2.268.
Lo denunciado por Fecoer unido a la decisión de acabar con las EPS con el “Chu chu chu”, de crear una crisis y la desfinanciación de la UPC señalada por la Corte Constitucional, configura un hecho jurídico por el cual deben responder este gobierno, comenzando por los interventores de las EPS, por los superintendentes de salud, el ministro y el mismo presidente.
La opinión pública y las cortes han sido lentas para entender el problema y reaccionar responsablemente para evitar las muertes que se veían venir. En octubre de 2023, el artículo “El colapso de la salud” advirtió de la desfinanciación y el mal manejo de los interventores.
En junio de 2024, en “Corte Salve la Salud”, se informaba que se había presentado a la Corte Constitucional un recurso para que ordenara el recálculo de la UPC. Tardo hasta enero de 2025 en pronunciarse y el ministro se ha burlado de ella. En “Nos Están Matando” de septiembre de 2024 se denunció el caso de “Juan Manuel”, quien murió por falta de un medicamento y se explicó cómo la insuficiencia de la UPC iba a causar miles de muertes.
Ahora, tarde, nos percatamos de que nos están matando, que miles de muertes han ocurrido de manera silenciosa sin que las familias puedan hacer nada ante la escasez de medicamentos, la no atención oportuna de los diagnósticos de cáncer y la pérdida de continuidad en la atención de enfermedades crónicas. Lo que en una sociedad civilizada habría conducido a un colapso del gobierno, aquí se digiere en la radicalización de una sociedad enferma de odio.