Las comunidades indígenas de La Guajira, Magdalena y Cesar enfrentan unos retos profundamente desarticulantes de lo que han sido como comunidades en los últimos siglos.

Enfrentan el juicio de la pobreza. Esta ha parecido no importarles mucho, simplemente asumen que es un estado natural de su forma de vida. Ahora, los Objetivos de Desarrollo Sostenible los confrontan a una realidad que para ellos era aceptable y para los ciudadanos globales no lo es. En nuestro juicio técnico, son pobres, no se proveen ni de salud, ni de educación, ni de condiciones de vida digna. Para hacerlo necesitan de unos recursos económicos que no generan por sí mismos.

Esto los conduce a la mendicidad estatal, al asistencialismo que los empobrecerá más al hacerlos dependientes y a la degradación de la corrupción. El gobierno acaba de asignarles $25.000 millones a la Onic, para que facilite unos diálogos.

Desde al menos hace 70 años se han hecho caracterizaciones del estado de estas comunidades, que se resisten en sus costumbres a siquiera ser censados dado la condición nómada de muchas de ellas. La desnutrición y la falta de agua ha sido un problema persistente. La muerte de niños, inadmisible para las sociedades occidentales, es un hecho cotidiano.

Luego de décadas de minería de carbón en la baja Guajira y el Cesar, los balances son complejos. Ambientalmente se han generado ecosistemas vitales en los procesos de cierre de las minas y se han revitalizado arroyos y bosques.

Las que no evolucionaron fueron las estructuras institucionales, y la enorme riqueza que ha sido generada no se ha convertido en mayores capitales humanos, sociales y de infraestructura. Las empresas en algo hicieron la tarea, la sociedad hizo poco.

El nuevo reto que enfrentan es el desarrollo del potencial eólico y solar que tiene el territorio de la alta guajira. La mayor parte de este es el resguardo wayúu, lo que complejiza más la situación. La transición energética necesaria para el país y la humanidad se cruza con la propiedad colectiva de la comunidad indígena.

Parece que ni el gobierno actual, ni la normatividad existente, ni las empresas que están en capacidad de invertir para instalar la generación, han podido encontrar la salida al conflicto que esta nueva realidad genera.

El actual gobierno con un enfoque ideológico en los social, lo político y lo ambiental está pretendiendo instrumentalizar las comunidades indígenas asumiendo mesiánicamente que él si los entiende y representa. Nada más lejano a la realidad.

El Pacto por la Transición Energética que presenta como resultado de su visita no dice nada nuevo ni claro y además advierte que no es vinculante para ninguna de las partes, pero si espera que destrabe los proyectos que requiere para presentarse como un gobierno líder en energías renovables y evitar un apagón eléctrico. Se requiere de otro enfoque, uno de desarrollo regenerativo construido desde las comunidades.

Pero el reto más grave que enfrentan las comunidades indígenas y el país entero es la declaratoria de emergencia económica. Es grave que asuman situaciones persistentes y pertinaces para su declaratoria. Con esto se busca evadir el ordenamiento legal para intervenir arbitrariamente el territorio y generar un precedente altamente peligroso para el país anticipando una medida similar de carácter nacional. Se requiere celeridad de la Corte Constitucional para decretar su ilegalidad. La única catástrofe sobreviviente fue la visita de Petro.