¿Francia sobrevivirá a sí misma?

Francia ha convertido la revuelta en su principal motor identitario y político. Desde que la Revolución de 1789 derrocó el Antiguo Régimen, el país galo ha encadenado más de dos siglos de insurrecciones periódicas. Las barricadas de 1830 y 1848, la Comuna de París en 1871, el frente obrero de 1936 o las huelgas de Mayo del 68 no fueron meros episodios anecdóticos; constituyeron una dinámica permanente en la que la violencia social y la presión de la calle terminaron forzando conquistas colectivas inéditas.

A través de este ciclo ininterrumpido de movilización, la sociedad francesa moldeó un modelo socioeconómico excepcional: un Estado de bienestar sobreprotector y altamente asistencialista.

Sin embargo, este generoso pacto social nunca fue autofinanciado por completo ni sostuvo su viabilidad únicamente en la productividad interna. Durante décadas, el sofisticado engranaje de pensiones garantizadas, jornadas reducidas y servicios públicos omnipresentes se sustentó sobre la extracción de recursos y beneficios derivados del imperio de ultramar y, posteriormente, del entramado poscolonial conocido como la Françafrique. La hegemonía monetaria sobre la zona del franco CFA, el acceso privilegiado a materias primas estratégicas en África occidental y una influencia geopolítica cautiva proporcionaron las rentas extraordinarias necesarias para calmar el frente interno y financiar la costosa paz social.

Hoy, ese modelo cruje en sus cimientos. Las bases geopolíticas y económicas que permitieron sostener el modelo social francés se están desmoronando a gran velocidad. El retroceso irreversible de la influencia gala en sus antiguos dominios africanos, sumado a la pérdida de competitividad en la economía global, ha cerrado el grifo de las rentas poscoloniales. Sin esos recursos extraordinarios para subsidiar el sistema, el Estado asistencialista se enfrenta a un déficit fiscal crónico e insostenible.

El resultado es un círculo vicioso de fractura interna. Ante la imposibilidad de sostener el nivel de gasto público, los sucesivos gobiernos han intentado aplicar reformas de austeridad, como las controvertidas modificaciones en el sistema de pensiones, y han chocado frontalmente con una población educada en la cultura de la protesta irrenunciable. Desde las revueltas urbanas en las banlieues de 2005 y 2023 hasta la irrupción de los Chalecos Amarillos, la respuesta social ante el repliegue del Estado ya no busca construir nuevos derechos, sino defender los privilegios heredados. Francia se encuentra así atrapada en una paradoja histórica: la misma tradición insurreccional que forjó su avanzado modelo social es hoy el principal obstáculo para reformarlo. Acostumbrada a exigir la protección estatal como un derecho absoluto, pero privada de los recursos coloniales que la hacían viable, la nación se encamina hacia una parálisis institucional sin precedentes.

El Informe Draghi sobre la competitividad europea diagnosticó de forma anticipada la encrucijada crítica que hoy asfixia a Francia, y advirtió que el estancamiento económico del bloque responde a un déficit estructural de productividad, altísimos costes energéticos, sobrerregulación y una alarmante brecha tecnológica frente a Estados Unidos y China. Si la sociedad francesa no logra reinventar su pacto social adaptándolo a su verdadera realidad económica, sin apelar a la violencia de las calles, corre el riesgo cierto de sucumbir bajo el peso de sus propias contradicciones. La gran incógnita de nuestro tiempo ya no es qué gobierno ganará las próximas elecciones, sino si Francia logrará sobrevivir a su propio legado. Y, peor aún, es un espejo en el que se mira Europa, que padece toda el mismo engendro del Estado de bienestar.