Las superintendencias de Petro son hoy la mayor amenaza que tienen la sociedad, las instituciones y la democracia. Desde allí se ejerce un poder arbitrario sin los debidos contrapesos institucionales. Deben ser la Procuraduría y el Consejo de Estado quienes pongan límites. La Corte Constitucional ha sentado unas bases con la sentencia C-318/23, donde se establece que las facultades jurisdiccionales otorgadas a la Superintendencia de Sociedades desconocen lo previsto en el artículo 116 de la Constitución.
Las superintendencias están bajo el control del Ejecutivo, siendo el presidente de turno quien designa. Una revisión de todos los actuales superintendentes evidencia un cambio de perfiles técnicos expertos en los sectores bajo su supervisión por activistas.
La Superintendencia de Subsidio Familiar fue ocupada por Luis Guillermo Pérez, hoy suspendido por la Procuraduría, integrante del colectivo José Alvear Restrepo y vinculado a un proceso por solicitud de “aportes” a los directores de las cajas de compensación. Este gobierno intervino seis cajas de compensación. Un caso representativo de sus intervenciones es el de Comfenalco Antioquia, sin evidencias claras y que contaba con indicadores financieros impecables. Con esta intervención, pasó a manejar los patrimonios construidos durante décadas por trabajadores y empleadores, y de paso, a tener su voto en la junta de Nueva EPS.
La Superintendencia Financiera fue encargada a César Ferrari, sin mayor experiencia en el sector, pero eso sí, reconocido como asesor económico del presidente. En la Superintendencia de Economía Solidaria se designó a María José Navarro, que venía de pertenecer a una UTL y de ser activista social en migraciones y asociaciones, y aparece esta semana liderando el acuerdo cafetero. En la Superintendencia de Salud entró primero Ulahy Beltran, a quien señalaron de cercanía con el Clan Torres y salió con la sombra de escándalos por supuestas solicitudes a funcionarios por pagos para evitar intervenciones en IPS, en proceso de indagación por la Procuraduría. El nuevo designado en la entidad, el activista Carlos Leal, decidió la intervención de tres EPS, Nueva, Sanitas y SOS, sin que estas hubieran tenido la oportunidad de adelantar los procesos de ajustes y mejoras que habían precedido estas medidas.
En la Superintendencia de Industria y Comercio esta ahora Cielo Rusinque, reconocida abogada y activista del Pacto Histórico y que ha usado el poder de la entidad para visitas de inspección en Ecopetrol y la Registraduría. En la Superintendencia de Servicios Públicos se designó a Dagoberto Quiroga, abogado personal de presidente y exrepresentante legal de La Colombia Humana, ahora en investigaciones por la financiación de la campaña presidencial.
Las opciones para recurrir las medidas que tienen las entidades intervenidas por las superintendencias son la de reposición, que regularmente la misma entidad la desestima; la nulidad, que debería ser un recurso expedito, pero tarda tanto que deja de ser justicia; y la suspensión dentro del trámite de nulidad que podría operar rápidamente.
Otro recurso son las tutelas, que no dejan de ser un recurso de excepción que luego es revertido por las mismas superintendencias con una nueva medida de intervención, como en el caso de Envisalud. Al sistema judicial le corresponde la protección de la sociedad y de las instituciones ante una amenaza evidente de un abuso del poder presidencial.