La gran equivocación de este gobierno ha sido su concepción del sistema de salud. Pretender cambiar el esquema de aseguramiento mixto -que ha sido uno de los más exitosos e incluyentes del mundo- por uno de atención pública, se le convirtió al gobierno en una dinámica de autodestrucción que lo fracturó internamente, rompió las coaliciones que había logrado construir, lo enfrentó con la ciudadanía y debilitó su capacidad de gestión en el Congreso.

La presentación de una ponencia de archivo a la reforma respaldada por nueve congresistas de la Comisión Séptima ha puesto al gobierno en crisis. Ahora busca mecanismos para salvarla, pero su peor enemigo es que no entiende cómo funciona el sistema actual de salud ni cómo su obsesión con eliminar las EPS está llevando a un colapso a la atención y a los prestadores de salud.

El problema realmente grave es la situación que revela el anuncio de pérdidas por $411.000 millones por parte de Nueva EPS a diciembre de 2023. Ya en los estados financieros de septiembre -los últimos que ha hecho pública la Superintendencia- mostraba pérdidas por $54.000 millones y un patrimonio de $431.000 millones. Con esos datos, al día de hoy ya debe estar con patrimonio negativo. En esas condiciones Nueva EPS no estaría habilitada para recibir nuevos afiliados. La estrategia de que esta fuera la gran EPS controlada por el gobierno y en la cual se concentrara la población de las entidades intervenidas y de las que decidan abandonar el sistema se complicó.

Las EPS se hacen inviables por la decisión del gobierno de ahogarlas al no fijar el valor de la prima de aseguramiento en el valor debido. Al hacerlo está incumpliendo los mandatos legales de la Corte Constitucional y de la Ley Estatutaria de Salud. El déficit generado acumula $14 billones que se han convertido en pérdidas de las aseguradoras, en cuentas por pagar a los prestadores y en servicios de salud no prestados. Todo ello se agravará en los próximos días y las reacciones de pacientes y personal de la salud pondrán contra la pared al gobierno.

Las EPS intervenidas por el gobierno presentaban pérdidas a septiembre de $5,4 billones y un déficit patrimonial de $5 billones. Esas son pérdidas que irremediablemente tendrán que asumir los prestadores. Las siete grandes EPS solventes a 2021, daban resultados positivos por $611.000 millones, pasaron a dar pérdidas por $118.000 en 2022 y de $778.000 a septiembre de 2023. El sistema simplemente lo colapsó el incumplimiento de la ley por parte de este gobierno.

El actual sistema claro que necesita reformarse para ser viable. La primera reforma es que la prima de aseguramiento la fije un ente técnico independiente por norma constitucional. Esa decisión incide en 6% del PIB. La segunda es la asignación de los riesgos y los costos del “Derecho Fundamental”. El riesgo técnico debe ser asumido por Redes de Atención de Salud que reciban el giro desde el Adres, el riesgo poblacional por las EPS y el costo de las atenciones no incluidas en un plan de atención explícito deberán ser asumidas directamente por el Estado. Por razones ideológicas esto no le cabe en la cabeza a este gobierno.