La vida y la enfermedad siguen. Luego de la caída de la reforma, la intervención masiva del sistema de salud por parte de la Superintendencia y el retiro de Compensar, el Gobierno deberá enfrentar la dinámica natural de la sociedad: la gente se sigue enfermando, los pacientes crónicos requieren que sus tratamientos continúen, los salarios de los empleados y demás obligaciones del sistema se deben seguir pagando. El Gobierno se ha abrogado la responsabilidad, no tiene reforma y debe operar un sistema que no asimila y que ha debilitado estructuralmente.

Parece que empezó a entender que su decisión de desfinanciar el sistema, incumpliendo la ley, va a colapsar la atención. El expresidente de Nueva EPS, puesto por este Gobierno, dijo al enfrentar la realidad que la Unidad de Pago por Capitación, UPC, era insuficiente y que la entidad estaba condenada financieramente. El ministro en su intervención ante la Corte Constitucional reconoció también la insuficiencia de la UPC.

El cerebro del sistema son las EPS. Son un sistema de gestión de la oferta para atender la demanda. El gobierno enfrenta el hecho de que está destruyendo las capacidades y relaciones creadas durante años con los prestadores. Quienes están al frente de las EPS intervenidas no tienen ni las capacidades ni los conocimientos de quienes han salido. Eso generará un caos en la atención y todas las quejas se dirigirán a quien de manera arrogante, irresponsable e ingenua se autoproclamó como el responsable de la salud de los colombianos.

Adres no es un contratante directo, puede ser un pagador directo pero su gestión es derivada de los contratos y los controles que establezcan las EPS. Allí simplemente llegarán las cuentas de unas EPS mal manejadas en lo técnico y en lo legal. Un terrible ejemplo es Savia Salud, que empeora a pasos agigantados y la señalan de estar en manos del llamado Clan Torres. A eso se suman los escándalos en indagación por la procuraduría, por “gestiones” de funcionarios de la Superintendencia para no intervenir IPS. Todos los escándalos, quejas y reclamos recaerán sobre el Gobierno.

Las Cortes tienen la solución a la coyuntura, el Congreso tiene la solución estructural para reformar el sistema. Las Cortes, ante la evidencia del incumplimiento del mandato constitucional de financiar adecuadamente el sistema al no fijar adecuadamente la UPC puede ordenar un ajuste precautelar de aplicación inmediata que restablecería el equilibro financiero de las EPS y generaría los recursos dirigidos a saldar las cuentas pendientes de las IPS. De otra parte, se deben anular las intervenciones realizadas por la superintendencia y restituir las capacidades de gestión que se afectaron. Esas decisiones salvan el sistema.

El Congreso, por su parte, debe tomar la iniciativa adelantando la reforma que sí debemos hacer: establecer que la prima de aseguramiento la fije un ente técnico independiente por norma constitucional. La segunda es la asignación de los riesgos y los costos del “Derecho Fundamental”. El riesgo técnico debe ser asumido por Redes de Atención de Salud que reciban el giro desde el Adres, el riesgo poblacional por las EPS y el costo de las atenciones no incluidas en un plan de atención explícito deberán ser asumidas directamente por el Estado.