Mediante un decreto en consulta, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se abroga el derecho ilimitado y soberano de intervenir cualquier área con potencial minero en el país. El país sería víctima del despotismo ambiental que con una posición extrema quiere imponer a todos los colombianos una visión limitada y radical de la relación con el medio ambiente y nuestros recursos naturales.
El decreto fue publicado para observaciones. En él se establecen las zonas de reserva ambiental temporal. Mediante este mecanismo, el Ministerio del Ambiente se abroga la facultad de declarar estas zonas y con ello intervenir, limitar o prohibir las actividades económicas que allí se realicen. El alcance, señalan, serán las actividades mineras.
Meses atrás, el Ministerio trató de sacar un decreto similar para el Suroeste Antioqueño y la reacción general de la comunidad, los alcaldes, gremios y resto de la sociedad civil lograron evitar su expedición. Esta hubiera sido un desastre socioeconómico para la región como se logró demostrar en los análisis (1) y en los múltiples eventos académicos, sectoriales y de consulta pública realizados.
En ese momento se advirtió que lo que seguiría sería la expedición de un decreto similar que daría facultades para intervenir sobre cualquier proyecto o actividad minera en el país. El Artículo 3 dice “Durante la vigencia de la declaración de reservas de recursos naturales de carácter temporal, las autoridades mineras y ambientales no podrán, en lo de su competencia, otorgar ni prorrogar títulos mineros y/o contratos sujetos a regímenes especiales, contratos de concesión, contratos especiales de exploración y explotación; así como permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales.” Y en el Parágrafo 2 señala que de existir títulos o explotaciones estas podrán ser cerradas.
Este decreto es otra muestra de la entrada en la fase de radicalización de este gobierno en la que, con medidas administrativas desde el ejecutivo, busca intervenir en la economía, en este caso en la minería, sin pasar por el congreso las reformas de ley debidas. El decreto esgrime los principios de prevención y precaución para con base en estos dar unas facultades ilimitadas por encima del ordenamiento jurídico y los derechos de las comunidades y las empresas.
Los recursos naturales son un patrimonio de los colombianos y se establece constitucionalmente que son del Estado. Los Gobiernos tienen la responsabilidad y la obligación constitucional de establecer las políticas para que los ciudadanos podamos usar esos recursos para nuestro bienestar y desarrollo. La constitución y la ley han establecido que para el aprovechamiento de esos recursos son necesarios unos marcos legales con títulos mineros, permisos de exploración, planes de trabajo y obras y licencias ambientales, los cuales son obtenidos por las empresas cumpliendo los procedimientos establecidos. El decreto pasa por encima de todo eso y destroza la seguridad jurídica del país.
Necesitamos un cambio de enfoque en la concepción del desarrollo. Más allá de defender el medio ambiente necesitamos regenerarlo. Debemos establecer como aprovechar inteligentemente los recursos que tenemos y sobre ellos construir capacidades, sociedad, instituciones y desarrollo social y económico. Nos corresponde a la sociedad civil construir esta nueva propuesta y asegurarnos que esta sea la “última Susana”.
https://www.larepublica.co/analisis/diego-gomez-3234242/la-desaparicion-del-suroeste-3548864