Y si con su voto se van la vida y la paz

Paz no es permiso para que manden los violentos. Para un colombiano, la paz no es una consigna abstracta ni una foto de negociación. Paz es poder abrir el negocio sin pagar extorsión, viajar por carretera sin pedir permiso a un grupo armado, que los hijos vayan a la escuela sin riesgo de reclutamiento, que el alcalde gobierne el municipio y no lo haga un comandante ilegal. Paz es que la ley llegue antes que el fusil; que el campesino pueda sembrar sin quedar atrapado entre coca, oro ilegal y amenazas; que las comunidades rurales no tengan que escoger entre callar, desplazarse o someterse.

Por eso, insistir en la Paz Total tal como se concibe puede terminar por destruir la esperanza de paz. La Paz de Juan Manuel Santos, al no entender que se negociaba con una red criminal más que con un grupo insurgente, terminó convirtiéndose en un gran error histórico. La Paz Total profundizó este error. Un diálogo sin control territorial, sin condiciones verificables y sin consecuencias para quienes incumplen convierte la paz en una estrategia de crimen. La paz requiere Estado, justicia, seguridad y protección efectiva de la población.

Los indicadores muestran un deterioro difícil de ignorar. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó que en 2023 Colombia llegó a 253.000 hectáreas de coca, con un aumento de 10%, mientras la producción potencial de cocaína alcanzó 2.664 toneladas métricas, 53% más que en 2022. Además, el propio informe advierte que los grupos armados siguen vinculados al mercado de la cocaína y que esta economía intensifica la violencia en territorios afectados por narcotráfico, minería ilegal y trata de personas.

El oro ilegal confirma el mismo patrón. En 2022 se detectaron 94.733 hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión en tierra; de ellas, 73% correspondía a explotación ilícita, equivalente a 69.123 hectáreas. Además, en cerca de 44% de los territorios con explotación de oro también había cultivos de coca.

El deterioro también aparece en los delitos contra la ciudadanía. El Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional reportó que en el primer trimestre de 2025 el secuestro creció 21,7%, la extorsión se mantuvo en niveles altos, con 2.730 casos, y el reclutamiento de menores aumentó 95%.

Human Rights Watch señaló que la Paz Total ha tenido resultados adversos y que los grupos armados han expandido su presencia: el Clan del Golfo en 392 municipios, el Eln en 232 y las disidencias de las Farc en 299, con aumentos frente a 2022. La reducción de la acción de la Fuerza Pública contra los grupos armados habría facilitado la expansión territorial y la competencia violenta por economías ilícitas (Breda, 2024). Según cifras del Ministerio de Defensa, en 2025 se registraron 8.395 ataques con drones, de los cuales 333 fueron efectivos, con 20 muertos y 297 heridos.

La esperanza de paz se destruye cuando se llama paz a una política que permite que el crimen se fortalezca, que la población quede expuesta y que el Estado retroceda. Para un colombiano, la paz debe ser la recuperación de la libertad cotidiana. Con su voto puede estar destruyendo la posibilidad de una paz real.