Y si su voto es cómplice con el crimen

A pocos días de terminar este gobierno, la discusión ya no es si la economía resistió, sino en qué condiciones queda el país para el próximo presidente. Y la respuesta es preocupante: Petro no deja una economía colapsada, pero sí una economía más frágil, más vulnerable y con menores bases para crecer de manera sostenible.
El dato más básico ilustra la magnitud del problema. Durante los tres años completos del gobierno Petro -2023, 2024 y 2025- la economía creció en promedio apenas 1,6% anual. Es el crecimiento promedio más bajo del siglo, muy por debajo de 3,6% histórico e incluso de 3,5% del gobierno Duque, que tuvo el impacto de la pandemia.
Pero el problema no es solo cuánto creció, sino cómo. La inversión cayó a 16% del PIB, mientras el gasto público superó 18%, algo inusual en la historia reciente del país. El consumo de los hogares pasó de 70% a 77% del PIB en apenas tres años. Colombia está consumiendo más mientras invierte menos, y ninguna economía se desarrolla de manera sostenible debilitando su capacidad productiva. Esto ya se refleja en el empleo. Aunque el desempleo bajó, la informalidad cerró 2025 en 55,7%, prácticamente sin cambios estructurales. Más personas trabajando, pero en una economía que produce relativamente menos valor agregado. Parte importante de la mejora reciente del empleo ha estado impulsada por el aumento del empleo público y por actividades de baja productividad. Cuando se excluye el componente estatal, el empleo formal privado muestra un deterioro evidente.
El deterioro fiscal tampoco puede minimizarse. El déficit cerró en 6,4% del PIB y la deuda pública pasó de $804 billones a más de $1.190 billones, superando 64% del PIB. Pero el problema más delicado no es cuánto creció la deuda, sino cuánto cuesta financiarla: Colombia pasó de endeudarse a tasas de 6% a depender de deuda interna al 15%. Es como pasar de un crédito ordinario a financiarse con tarjeta de crédito. El próximo gobierno enfrentará uno de los ajustes fiscales más difíciles de las últimas décadas, con mucho menos margen que el que recibió Petro en 2022.
Las fragilidades más preocupantes están en sectores estratégicos. En energía, entre 2021 y 2025 apenas entró 8,5% de la nueva capacidad de generación programada. Los embalses están en 65%, cuando deben superar 80% antes de septiembre para evitar el racionamiento, meta que expertos califican de muy difícil ante el déficit de lluvias actual. En salud, el déficit financiero supera $16 billones y el sistema termina más intervenido, más desfinanciado y con mayores dificultades operativas.
A esto se suma el costo económico del deterioro de la seguridad. A diciembre de 2025, los grupos armados ilegales sumaban más de 27.000 integrantes, un crecimiento de 23,5% frente a 2024 y su nivel más alto desde el acuerdo de paz. Las consecuencias son directas: más costos logísticos, menor inversión y pérdida de competitividad. Ninguna economía crece de manera sostenible cuando el Estado pierde control territorial.
El próximo gobierno no hereda una economía destruida, pero sí una economía donde varias fragilidades empiezan a reforzarse entre sí: menos inversión, menor productividad, mayor presión fiscal, riesgos energéticos, deterioro de la seguridad y pérdida de confianza.
No es una crisis inmediata. Pero sí las bases de una crisis futura si Colombia continúa, como lo hizo Petro, debilitando lentamente las condiciones que le permitieron crecer durante las últimas décadas.
Por eso, las próximas elecciones no deberían responder únicamente quién gobernará el país, sino quién tiene realmente la capacidad de estabilizar estas fragilidades simultáneas, recuperar la confianza y volver a crear condiciones para crecer de manera sostenible.
Esa es la verdadera dimensión del reto que enfrentará el próximo presidente.