Durante décadas, el analfabetismo se entendió como la incapacidad para leer y escribir. Hoy esa definición resulta insuficiente. En las sociedades del conocimiento, el verdadero rezago se manifiesta en la ausencia de capacidades más complejas que trascienden la lectura y la escritura: comprender una segunda lengua, interactuar críticamente con las tecnologías digitales, comprender principios económicos básicos y comprender los fenómenos geopolíticos que configuran el orden global.

Sin estas capacidades, el ciudadano se vuelve vulnerable y pierde la posibilidad de agenciar libremente opciones de vida valiosas para el florecimiento humano, como señala Amartya Sen (1999).

En este contexto, resulta preocupante aquella narrativa según la cual “la juventud ya no aspira a ingresar a la educación superior” y en la que el éxito parecería depender más de la visibilidad y la popularidad en redes sociales que del conocimiento. Esta visión, simplista y culturalmente empobrecedora, nos está conduciendo a un nuevo tipo de analfabetismo, con profundas implicaciones para la democracia.
Varios ejemplos recientes lo evidencian con claridad. El ataque a la independencia del Banco de la República y a su mandato constitucional de controlar la inflación, así como la violación de la autonomía universitaria que se viene produciendo en las universidades estatales, no son asuntos menores. La comprensión de estos graves asuntos y sus consecuencias no puede estar reservada a los expertos; constituyen ataques directos contra la ciudadanía y la vida democrática, con efectos funestos en el bienestar de la sociedad. La inflación, por ejemplo, opera en la práctica como un impuesto regresivo que golpea con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables y socialmente marginadas.

Cuando la ciudadanía desconoce el rol de sus instituciones o minimiza la importancia del equilibrio de poderes, se vuelve más susceptible a discursos demagógicos, caprichos populistas y decisiones improvisadas de los gobiernos de turno. Y cuando esta misma ciudadanía, ilustrada únicamente por lo que ve en redes sociales, respalda los ataques a la vida democrática, el problema ya no es solo político, sino profundamente cultural.

Por ello, los líderes del sistema universitario estatal y privado debemos -con responsabilidad histórica- trabajar en defensa de las instituciones democráticas, del equilibrio de poderes y de la autonomía universitaria. La defensa por la educación superior no debe ser únicamente para la ampliación de cupos y el mejoramiento de la calidad; también es para salvaguardar la democracia y los fundamentos mismos de la vida republicana.

La discusión, entonces, exige una comprensión más amplia de la educación. Esta no puede analizarse simplemente como una inversión en capital humano para el mejoramiento de la productividad en la sociedad (Gary S. Becker, 1964); también debe entenderse como la formación de ciudadanos libres, con pensamiento crítico, competentes y moralmente responsables; personas capaces de comprender su tiempo, defender la democracia y construir un país más justo.

En una época que privilegia lo inmediato, lo fácil y lo superficial, reivindicar el valor del conocimiento, del rigor y del esfuerzo es un acto de responsabilidad pública. Colombia no puede normalizar el nuevo analfabetismo, que desprecia el saber y ataca constantemente la institucionalidad democrática y la autonomía universitaria.