Quienes hemos transitado por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti) sabemos que su solidez depende, en buena medida, de la existencia de una relación estable y de largo plazo entre la universidad, el sector productivo y el Estado. Esto no es un eslogan, sino una condición estructural para cualquier país que aspire a cerrar brechas tecnológicas, científicas y productivas.

En mi paso por Colciencias y Minciencias (2018–2021), propiciamos de manera permanente escenarios para promover la convergencia entre el sector privado, la academia y el Estado, discutiendo políticas educativas y —de manera central— estrategias para fortalecer la investigación, la innovación, la creatividad, el arte y programas estructurales como Ondas para la formación temprana en ciencia, tecnología e innovación. Además, la Misión Internacional de Sabios de 2019, ejemplo de esta convergencia, recomendó como indispensable: “hacer un acuerdo por el conocimiento y la educación entre la sociedad, el Gobierno nacional, los gobiernos territoriales, los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil”.

En materia de formación de alto nivel, el país enfrenta un desafío inaplazable. En 2024 se graduaron en Colombia 1.349 doctores, lo que equivale a cerca de 25 PhD por millón de habitantes (MEN, 2024). Alcanzar al menos 50 doctores por millón de habitantes al año —una meta modesta frente a estándares internacionales— debería entenderse como una apuesta mínima para consolidar capacidades científicas en la academia, el sector productivo y el Estado. Para lograr este objetivo, sigue siendo insuficiente la financiación, que en las últimas dos décadas han realizado en forma conjunta y estratégica los actores del Sncti: recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, Colfuturo, Icetex, institutos de investigación y universidades; así como aliados internacionales que históricamente han acompañado esta tarea, como Fulbright, el Daad, entre otros.

En este contexto, resulta profundamente preocupante la reciente decisión del Gobierno nacional de dar por terminado el convenio entre Minciencias y Colfuturo, un ejemplo emblemático de la alianza universidad-empresa-Estado para el fortalecimiento de la formación de alto nivel en el exterior. Se trata de una determinación precipitada, adoptada sin el respaldo de estudios rigurosos que la sustenten y claramente desconectada de la amplia evidencia acumulada durante dos décadas sobre los impactos positivos de este instrumento en el desarrollo científico, tecnológico y social del país.

Durante mis años en la Universidad Nacional de Colombia, primero como decano de la Facultad de Ingeniería y luego como vicerrector de la sede Bogotá, fui testigo de cientos de egresados que, gracias a los créditos-beca de Colfuturo, retornaron al país para fortalecer la investigación, la docencia, la innovación empresarial y la gestión pública.

El Sncti no puede gestionarse desde la lógica de la confrontación ni del aislamiento sectorial. Colombia requiere, hoy más que nunca, un sistema basado en la cooperación, la confianza institucional y la convergencia de todos sus actores alrededor del conocimiento como eje del desarrollo. Marchitar la relación Universidad–Empresa–Estado es, en última instancia, condenar al país a reproducir indefinidamente su rezago científico, tecnológico y productivo.