La transición energética ha sido una de las principales políticas públicas sectoriales de este Gobierno, y sin lugar a dudas, será uno de los principales legados para las futuras generaciones de colombianos. Esta semana, en el marco de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo en Barranquilla, lanzamos en compañía del presidente Iván Duque el libro “Transición energética: un legado para el presente y el futuro de Colombia”, el cual hace un recuento de las principales políticas que hemos diseñado e implementado en este Gobierno, y cuyos resultados han servido para posicionar a Colombia como un líder global.

Esta transición, que incluye componentes sociales, ambientales y económicos, la hemos enfocado en tres grandes frentes, todos de igual importancia. El primero, migrar hacia un sistema energético más competitivo, eficiente y resiliente, a través de la masificación de energías renovables no convencionales. Segundo, eliminar brechas energéticas con nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías para acelerar la universalización de los servicios de energía eléctrica y gas combustible en todo el territorio. Y finalmente, liderar la lucha contra el cambio climático, priorizando la movilidad sostenible, la introducción vehículos híbridos y eléctricos, combustibles de cero y bajas emisiones, y políticas de eficiencia energética a nivel residencial, comercial e industrial.

En agosto de 2018 nos encontramos con un país sumamente rezagado en la incorporación de energías renovables no convencionales, a pesar del gran potencial de generación con estas fuentes. En un año promedio, entre 65% y 70% de toda la energía eléctrica que consumíamos los colombianos era hidráulica, en contraste con la solar y la eólica que representaban menos de 0,5% de nuestra matriz eléctrica. Esta disparidad resulta aún más llamativa, si se tiene en cuenta que la complementariedad entre estas fuentes pudo habernos ahorrado varios dolores de cabeza relacionados con el Fenómeno de El Niño en los últimos años. Al inicio del Gobierno el diagnóstico era claro: urgía diseñar e implementar políticas públicas y medidas regulatorias para explotar el potencial en energías renovables no convencionales y acelerar los tres objetivos de la transición energética.

El primer paso fue introducir diferentes incentivos para impulsar las energías renovables no convencionales y la eficiencia energética en el Plan Nacional de Desarrollo, incluyendo mejoras a la Ley 1715 de 2014, así como la obligación de que 10% del total de la energía vendida a los usuarios finales proviniera de fuentes alternativas, un esquema que se conoce en la literatura como renewable purchase obligations o RPOs. Nuestra segunda herramienta fue la Ley de Financiamiento, la cual incluyó incentivos fiscales de carácter general para industrias intensivas en el uso de capital, como el sector energético. Estas dos leyes las complementamos con una política de subastas y varios actos administrativos que terminaron de confeccionar el nuevo marco jurídico, regulatorio y tributario para la transición energética.

Los resultados de estas iniciativas hablan por sí solos. Hoy el país cuenta con más de 2.400 MW de capacidad instalada en proyectos solares y eólicos que entrarán en operación en los próximos dos años. En otras palabras, la participación de estas fuentes en nuestra matriz eléctrica pasará de representar menos de 0,5% en 2018 a más de 12% en 2022. Es importante anotar que los precios de la energía generada con estos proyectos son altamente competitivos y beneficiarán el bolsillo de millones de colombianos. Durante la subasta que realizamos en octubre de 2019, los contratos de largo plazo cerraron con precios 40% más bajos que los de los contratos de energía tradicional que se negociaban en ese momento.

Gracias a la masificación de soluciones solares, cerraremos 2021 con más de 70.000 familias que recibirán el servicio de energía eléctrica por primera vez, y finalizaremos este Gobierno cumpliendo la meta de 100.000 nuevos hogares electrificados. Además, la inclusión de nuevos modelos de negocio, como las redes logísticas, nos permitirán acelerar la universalización antes de 2026. Adicionalmente, en 2021 también lograremos la meta que nos habíamos trazado para el cuatrienio de llegar a los 10,3 millones de familias recibiendo gas combustible por redes en sus hogares.

En movilidad sostenible, la Ley de Movilidad Eléctrica posicionó a Colombia como el líder regional en ventas de vehículos eléctricos en 2019, superando a países como Chile y República Dominicana. A pesar de la pandemia, esta tendencia se mantuvo en 2020 con un crecimiento en la venta de vehículos híbridos y eléctricos superior a 90%, y en los dos primeros meses de 2021 ya alcanzamos 30% de las ventas totales del año anterior.

Este libro, que presentamos con el apoyo del BID, describe en detalle nuestra política energética y los resultados que han llevado a Colombia a convertirse en un referente internacional de la transición energética. Según el Foro Económico Mundial, en 2020 Colombia fue el país de América Latina con mayores avances en esta materia, escalando 9 posiciones en el Índice de Transición Energética. También subimos 14 posiciones en el ranking de sostenibilidad energética del Consejo Mundial de Energía, WEC 2020. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas seleccionó a nuestro país como uno de los siete países líderes del diálogo global sobre Transición Energética, en el marco la sesión número 76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021.

La publicación está disponible para todos los colombianos en el siguiente enlace.