El cambio climático (CC) requiere acciones globales y locales diferenciadas. En Colombia se deben priorizar medidas conjuntas y articuladas de adaptación a los eventos extremos, incluyendo especialmente: protección de bosques, restauración de ecosistemas naturales y transformación productiva agropecuaria. Todo, por supuesto, de manera consistente con el compromiso de Colombia de reducir en 2030 51% de las emisiones de CO2 proyectadas para ese año, si no se tomaran medidas de mitigación.

Los efectos del CC se expresan, entre otros indicadores, en elevados costos del daño derivado de eventos climáticos extremos. Tomando como referencia cifras de la Cepal (CepalStat, costo económico de los desastres) y expresándolas en unidades de paridad de poder adquisitivo (PPP, por su sigla en inglés), para América Latina y el Caribe, estos costos ascendieron en 2010-2011 a US$25.000 millones y en 2017 a US$ 89.620 millones (respectivamente 0,14% y 1,53% del PIB anual de la región). Según esta fuente, en Colombia los costos respectivos ascendieron en 2010-2011 a US$ 3.320 millones y en 2020 a US$ 160 millones (0,53% y 0,06% del PIB anual del país), con numerosas pérdidas de vidas humanas y efectos irreparables sobre las poblaciones más vulnerables.

Según el Banco Mundial, Colombia aporta marginalmente a las emisiones mundiales de gases efecto invernadero (GEI). Entre 2015 y 2020 Estados Unidos, Rusia y China emitían respectivamente 15, 11 y 7 toneladas anuales de CO2 por habitante, aportando 44% del total de las emisiones planetarias. En el mismo período, Colombia emitía apenas 1,6 toneladas por habitante-año, que representaban apenas 0,36% del total. Según cifras de Naciones Unidas, 67% de las emisiones mundiales provienen de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) mientras que, según el inventario de emisiones reportado por Colombia, en el país, 51,9% se originan en usos del suelo rural, así: 34,6% en pastizales y ganadería; 16,4% en deforestación y bosques naturales; y 8,1% en cultivos, plantaciones y otros usos del suelo. Menos de la cuarta parte (23,6% el total) provienen de sectores asociados a combustibles fósiles (transporte, generación termoeléctrica y refinación de combustibles).

La adaptación requerida para atenuar los efectos negativos del CC sobre la población vulnerable rural y urbana en alto riesgo, así como en general sobre la economía, tiene importantes coincidencias con el cumplimiento de metas de reducción de emisiones. Las inversiones en promoción del cambio tecnológico agropecuario se deben orientar tanto a adaptarse a los riesgos derivados del CC, como a disminuir una porción importante de las emisiones del país. Esto es más evidente en la interacción entre el control de la deforestación, la adaptación al CC y la reducción de emisiones. Al respecto, es claro que una sequía generada por fenómenos como El Niño produce serios problemas en las fuentes de abastecimiento de acueductos e hidroeléctricas. Pero como lo plantea el especialista en recursos hídricos Germán Poveda en el libro Colombia País de Bosques (Rodríguez y Valdés, 2022), esta escasez de agua puede volverse estructural con las altas tasas de deforestación amazónica. Esta deforestación afecta los denominados “ríos voladores” y amenaza irreversiblemente la disponibilidad de agua en Bogotá, Quito, La Paz e incluso Lima.

En las medidas de adaptación al CC relacionadas directamente con la reducción de emisiones de GEI, Colombia se encuentra bastante rezagada frente a las metas que se han fijado en el mundo. Se han generado importantes normas y regulaciones, así como diversos programas y proyectos; pero es muy baja su ejecutoria, debido principalmente a poca capacidad técnica, institucional y financiera, así como una muy débil medición de resultados. De todas formas, con apoyo de la cooperación internacional se adelantan esfuerzos locales, algunos con amplia cobertura subregional, orientados principalmente hacia el pago al país por los resultados en la reducción de emisiones de CO2. Uno de estos programas es Visión Amazonía, orientado a disminuir las emisiones mediante la eliminación de la deforestación en esa región en los próximos años y, complementariamente, desarrollando sistemas productivos agropecuarios amigables con la naturaleza. Otra iniciativa es el Programa de Reducción de Emisiones (PRE) Biocarbono Orinoquia, concebido igualmente bajo el esquema de pago por resultados en la reducción de emisiones. Este programa busca desarrollar cadenas productivas agropecuarias bajas en carbono, combinándolas con procesos de restauración de bosques y control de la deforestación.

En su diseño, las dos iniciativas plantean una relación adecuada entre la reducción de las emisiones de GEI, con acciones asociadas con la adaptación al CC tales como el control de la deforestación y el desarrollo los sistemas productivos amigables con el medio ambiente. Así, en la Amazonía se privilegia la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente; y en la Orinoquia se enfatiza en los sistemas productivos bajos en carbono, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura. Esta concepción formal es adecuada; pero, en la práctica, la articulación entre estos dos enfoques genera grandes retos que son difíciles de asumir exitosamente. Econometría ha desarrollado estudios para ambos programas. El próximo 30 de mayo en el Hotel Estelar de Villavicencio estaremos presentando las curvas de costos de abatimiento para el PRE Biocarbono (información en info@biocarbono.org)

De las anteriores reflexiones se derivan al menos tres conclusiones centrales: (1) un país como Colombia debe privilegiar la acción climática en medidas de adaptación y focalizarse en aquellas que generan mayores efectos sobre la reducción de emisiones, es decir en las áreas rurales y urbanas de alto riesgo; (2) controlar la deforestación solo será posible si se brinda alternativas de producción e ingreso a la población cercana a bosques y áreas de actividades ilícitas; (3) sistemas productivos bajos en carbono deben adelantarse siempre con estrategias efectivas de protección de los ecosistemas naturales. Estos tres elementos requieren una fuerte y efectiva visión de adaptación al CC, con efectos positivos sobre la reducción de emisiones y focalizados en el sector rural. Y todo ello con una institucionalidad pública fuertemente articulada entre sí y asociada con los distintos sectores productivos.