Según la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Como Vamos, en el año 2025 solamente el 14,91% de los ciudadanos se siente satisfecho con el cuidado del espacio público de su barrio, y el 35,9% con el estado de los andenes. Históricamente, los bogotanos tienen una satisfacción con su vivienda entre el 75% y 80%, mientras que respecto a los espacios públicos, la satisfacción oscila entre el 35% y 40% (Encuestas Bogotá Como Vamos 2023, 2024 y 2025).
Simultáneamente, Bogotá recibió 524.000 metros cuadrados de espacio público por cesión de urbanizadores y constructores (Dadpep, 2025), y en la anterior administración se recuperaron 4 millones de metros cuadrados mediante procesos de restitución, acciones judiciales y entregas voluntarias.
Estos datos revelan dos paradojas: por un lado, la administración despliega enormes esfuerzos institucionales, logísticos y operativos para producir y recuperar sus espacios públicos, pero la ciudadanía percibe que su estado es insatisfactorio. Y por otro lado, las personas aprecian más su espacio privado que el espacio público de la ciudad. Cuando esto sucede, una ciudad no es una ciudad plena, es solo una aglomeración.
Por definición, lo público es aquello que no está oculto. En términos urbanísticos, este concepto se expresa en los espacios públicos, que se pueden definir como el conjunto de lugares, infraestructuras, elementos naturales y construidos que son accesibles para todos, sin distinción de su condición individual. Se puede decir que una ciudad es tan democrática, diversa e incluyente como lo son sus espacios públicos. Como lo señala Jünger Habermas “La ciudad es el espacio público donde la sociedad se fotografía, el poder se hace visible y se materializa el simbolismo colectivo”.
Ayudar a comprender estos fenómenos, en los que la realidad percibida no coincide con la realidad institucional, es uno de los retos de la evaluación de políticas públicas, cuyos métodos y orientaciones no tienen correspondencia inmediata con las percepciones colectivas y no tienen suficiente aprecio y legitimidad.
Ese es uno de los retos que se derivan del análisis de sistemas complejos como las ciudades y la necesidad de tener enfoques comprensivos de la realidad y sus problemas emergentes.
En el caso del espacio público, un estudio realizado por Econometría para la Secretaría Distrital de Planeación sobre la política de recuperación del espacio público en Bogotá, ha permitido comprender que nuestras ciudades han tenido avances valiosos en la conceptualización y desarrollo de políticas y modelos de gestión integral del espacio público. En Bogotá, las primeras políticas se enunciaron en el marco del plan estratégico realizado en la década de los noventa, bajo iniciativa de la Cámara de Comercio y universidades, con un enfoque orientado a la competitividad urbana. Posteriormente, se consolidó un marco institucional, presente en el POT de Bogotá de 1997, políticas e instrumentos que permitieron conformar un esquema complejo de acciones, con énfasis en la generación, recuperación y sostenibilidad.
Hoy sin embargo, estas acciones se perciben como insuficientes frente a dinámicas de ocupación, uso y conflictos en el espacio público, que desbordan capacidades institucionales y cuya comprensión obliga a estudiar opciones alternativas a las tradicionales actividades de recuperación y gestión defensiva de nuestros lugares comunes.
La primera condición es aceptar que con el espacio público pasa algo parecido a ciertas enfermedades dermatológicas, que se manifiestan en la piel, pero su origen y causas provienen de disfuncionalidades internas del organismo, en este caso, la ciudad y la sociedad. La congestión, la contaminación, la informalidad, la desigualdad, la presencia de basuras, la intolerancia son patologías que se manifiestan en el exterior, pero su tratamiento amerita intervenciones profundas en aspectos como economía informal, cultura ciudadana, modelos de negocio sin economía circular, dependencia del transporte particular, regionalización y ausencia de gobernanza urbana.
En segundo término, conviene revisar las políticas públicas, tanto nacionales como locales, que se han concentrado en resolver un déficit cuantitativo de espacio público material y la recuperación centrada en la acción policiva, mediante operativos de restitución con altos costos logísticos, conflictos sociales y juegos del gato y el ratón entre autoridades e infractores. La calidad del espacio público y la diversidad de sus usos, son criterios que aún requieren ser desarrollados en mecanismos de gobernanza que recojan iniciativas y prácticas sociales, privadas y comunitarias.
Es hora de revisar la meta recurrente de llegar a tener entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. En los casos más exitosos, se ha llegado a un estándar de 4 metros cuadrados por habitante, con altos costos en inversión pública y sin resultados en calidad del espacio público. Además, esta meta se mide por población residente, y la tendencia de nuestras ciudades es tener cada vez más población flotante, que demanda y ocupa temporalmente los espacios públicos con alta intensidad e impacto en los entornos, sin mecanismos de gestión responsables y sostenibles.
Gran parte de los problemas en el espacio público se dan por externalidades de los usos del suelo en los espacios privados: establecimientos que atraen visitantes sin solucionar sus estacionamientos, locales que generan ruido, publicidad y desperdicios. Eventos que usan calles y ciclovías sin planes de manejo de impactos o riesgos.
Los Planes de Ordenamiento Territorial, la reciente ley contra el ruido y numerosas iniciativas ciudadanas en temas como arte, cultura, innovación o renaturalización urbana tienen posibilidades de enriquecer las formas de gestionar y controlar nuestros entornos, para lo cual los modelos de gestión institucional deben abrirse a sistemas cooperativos que permitan mayor corresponsabilidad y gestión urbana compartida.