Existe una “Ventana de oportunidad en el sector agropecuario”. Este fue el planteamiento que se formuló en 2021 en el capítulo 3 del libro de Econometría Consultores “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural”.
¿Por qué existe esa ventana? Resumiendo lo allí planteado, el país es dependiente en ingresos fiscales y en su balanza comercial del carbón, que está pasando por un boom momentáneo asociados a la guerra de Ucrania, pero que es una alternativa cada vez menos factible por sus efectos ambientales; y del petróleo, también cuestionado ambientalmente, pero con una perspectiva de más largo plazo, aunque el país solo cuenta con reservas para menos de siete años. La decisión de no firmar nuevos contratos de exploración hace extremadamente urgente el desa- rrollo de alternativas para reemplazar en un futuro no muy lejano los ingresos petroleros. Es un reto tener alternativas a un plazo relativamente corto, y esto es lo que justamente abre esa ventana de oportunidad.
Las alternativas sostenibles dependen en buena medida de aprovechar las ventajas comparativas con que se cuentan, volviéndolas ventajas competitivas. Tierra y agua es donde Colombia tiene esas ventajas. Sobre esa base, los sectores posibles son el turístico (asociado a paisajes) y el agropecuario. Sin embargo, en lo que respecta al turismo, mientras no mejoren los problemas de infraestructura y de violencia e inseguridad, será una opción limitada. Queda el desarrollo agropecuario donde el país tiene una mejor dotación relativa de factores, lo cual brinda una ventaja comparativa. El reto será volverla competitiva.
Esa ventana en el horizonte está cada vez más cerca de poder abrirse. Por un lado, desde hace algo más de una década se tiene una base conceptual importante sobre el desarrollo rural. Los principales trabajos han sido: a) el Proyecto de ley de tierras y desarrollo rural (2011), que si bien no se convirtió en ley, fue la base con la que el gobierno negoció los temas rurales en La Habana, b) la Misión para la Transformación del Campo (2015), el trabajo más sistemático e integral sobre el desarrollo rural, convertido en el principal referente; c) el Acuerdo de paz con las Farc (2016), en particular el punto 1 sobre Reforma Rural Integral; d) el documento Conpes 3958 (2019) donde se aborda la política de catastro multipropósito”, fundamental para la reforma rural integral; y e) por último, lo que plantea la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo (2023) sobre el ordenamiento territorial en torno al agua y la propuesta de un Sistema de Administración del Territorio. Lo que tiene que hacer el estado, tanto en el nivel nacional como territorial, es poner en marcha esas recomendaciones.
Lo anterior, se complementa con un excelente equipo, que cuenta con una larga experiencia. Quien dirigió la Misión para la Transformación del Campo es el Ministro de Hacienda. El Departamento Nacional de Planeación se tiene claridad sobre los retos del desarrollo y la transición energética. Y a la cabeza del sector agropecuario y desarrollo rural está Cecilia López, quien ya fue ministra del sector, ministra de ambiente y directora del Departamento Nacional de Planeación. Además, los viceministros tienen experiencia en sus campos y en entidades claves como en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria se tienen personas de primer nivel. Sin temor a exagerar, podría decirse que se cuenta con un Dream Team.
Un desarrollo agropecuario que aproveche las ventajas comparativas, la claridad sobre lo que hay que hacer y el excelente equipo con el que se cuenta hacen que la ventana de oportunidad en el sector agropecuario está abierta y lista para aprovecharla. Que se aproveche o no dependerá en buena medida de la capacidad de ejecución. Algo nada fácil, pues parodiando el popular refrán, “el diablo está en la implementación”.
Tres problemas distintos se enfrentan en el camino: a) Temas estratégicos, diagnosticados y con gran potencial de impacto que no tienen doliente. Por ejemplo, los distritos de adecuación de tierras, donde se tiene diagnósticos y propuestas (financiadas por la CAF), pero sin mayores avances. Los potenciales beneficios son enormes, pero la cobertura es muy baja y los distritos existentes funcionan lejos de su potencial. Es una oportunidad que no se aprovecha; b) Por otro lado, está el caso de programas de gran perspectiva como Alianzas Productivas, que parecen estar decayendo en lugar de proyectarse hacia el futuro. Es un ejemplo de cómo el manejo político puede llevar al traste una buena iniciativa; Alianzas fase 1 y 2 logró mejores resultados e impactos que Alianzas fase 3. Un llamado a no quedarse en el pasado y a cuidar la institucionalidad de aquello que se vaya construyendo; y c) El reto del escalamiento.
Los programa e instrumentos existentes llegan a muy poca población y la perspectiva de acercarse al universo vía aumentos de cobertura, no es fácil dadas las restricciones fiscales. Pareciera se deja la perspectiva del escalamiento al crédito, que es una restricción presupuestaria para el productor, más que un factor determinante del desarrollo. Endeudar a un productor para un proyecto que no sea rentable es condenarlo es crearle un problema adicional. Lo que falta es identificar proyectos que pueden tener potencial de grandes impactos, que generen efectos demostración y que se propaguen, como bien los soportan las evaluaciones que se han adelantado.
Estos ejemplos ilustran la magnitud de los retos en la implementación, que determinarán en últimas si se aprovecha o no la ventana de oportunidad.