El enfoque diferencial es una forma de analizar, valorar y actuar a partir del reconocimiento de que la población no es uniforme, sino que dentro de ella hay individuos y grupos con diferencias biológicas, sociales y culturales que suponen respuestas diferentes para la garantía de sus derechos desde una perspectiva de equidad. Pero ¿cómo las políticas públicas pueden responder de una forma pertinente cuando la población de un país es tan diversa y está compuesta por diferentes grupos indígenas, por hombres y mujeres, por niños, jóvenes y adultos, por personas con diferentes tipos de discapacidad y todos ellos son sujetos de los mismos derechos sin discriminación?

El abordaje de los enfoques diferenciales contempla el reconocimiento de la importancia de aspectos como el ciclo vital, la discapacidad, la pertenencia étnica, el territorial y el género, lo que ha implicado un reto para las políticas públicas, no tanto desde la formulación, en donde se han logrado avances conceptuales importantes, sino particularmente en la implementación, que implica la puesta en marcha de acciones concretas que reconozcan la diversidad.

La dificultad en la materialización de estos enfoques para las políticas públicas parte de dos situaciones que están conexas: Por un lado, no hay una única definición de lo que debe ser un enfoque diferencial. En la literatura se pueden encontrar varios puntos de vista, que en general confluyen en la necesidad de reconocer y tener en cuenta las diferencias. No obstante, el abordaje de las diferencias puede darse desde varias perspectivas; algunas conceptualizaciones se centran en las relaciones desiguales que parten de una construcción cultural, y otras en las características biológicas o sociales.

Esta situación ha hecho que los diseñadores de política tengan que construir conceptualizaciones propias para trabajar sobre ellas y poder cumplir con el diseño y aplicación de políticas que reconozcan y atiendan las particularidades de la población desde cada uno de los sectores (tal como lo establece la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional). En este sentido, se encuentran definiciones del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, de Prosperidad Social, de la Unidad para las Víctimas, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y de otras entidades, cada uno de las cuales pone el foco en diferentes aspectos.

En términos institucionales esto ha significado la creación de equipos de enfoque diferencial en las organizaciones, públicas y no gubernamentales, cuya misión es identificar las poblaciones que pueden estar involucradas en sus acciones -decisiones de política, programas, proyectos- y acompañar el desarrollo de ellas desde la sensibilidad que sus efectos puedan tener las características y particularidades de sus grupos de interés.

La segunda situación tiene que ver con que, aunque parezca tautológico, la “diferencia” es diversa, y por tanto contiene dentro de ella un universo de características, realidades, situaciones y aspectos que hacen que la respuesta frente a ella no pueda ser uniforme, sino que tengan que darse orientaciones para el análisis, más que recetas estándar para lograr diseños incluyentes.

Lo anterior implica tener un entendimiento comprehensivo de realidades muy diversas, que en la mayoría de los casos no es posible que partan de la vivencia propia de los equipos diseñadores de política, sino que demandan información desagregada por variables como sexo, edad, condiciones particulares o etnia, que permita evidenciar efectos en diferentes poblaciones a partir de los cuales se puedan construir supuestos, riesgos e impactos para la formulación de políticas sensibles a la diferencia.

Ahora bien, ¿cómo se puede abordar este reto? La inclusión del enfoque diferencial puede darse teniendo en cuenta criterios como:

i) la identificación de las características de la población (biológicas, económicas y sociales); ii) la identificación de riesgos específicos de vulneración que se puedan derivar de esas características, y las expectativas y necesidades que en función de ellas puedan tener los individuos o los grupos; iii) la necesidad de explicitar en el diseño a esa población particular; iv) la necesidad de prever la participación de la población con esas características en el ciclo de la política; v) la necesidad de disponer de recursos que sean idóneos para el abordaje de esta población, así como personal capacitado; vi) la necesidad de crear sistemas de información que permitan entender esas características y sus necesidades asociadas; vii) la necesidad de comprender la relación de un grupo específico con el resto de población, ya que el gran sentido del enfoque es la inclusión.

El enfoque diferencial no es un concepto estático; éste se ha venido construyendo y ha ido avanzando y complejizándose a partir de los mismos reconocimientos y activismos de los grupos involucrados, poniendo sobre los formuladores de política una responsabilidad frente a la acción pública.

El gran reto está, entonces en hacer que los enfoques trasciendan lo retórico y se vuelquen a lo práctico, lo que supone una planeación y una presupuestación conscientes de la diferencia, y unos mecanismos de seguimiento que faciliten la obtención de información desagregada y de calidad que permita hacer evaluaciones que puedan valorar la inclusión o exclusión de una u otra población y continuar aportando a la construcción de la comprensión de los enfoques.