Hace pocos días el presidente Petro propuso subsidiar el transporte con el servicio de energía. La idea ha suscitado fuertes debates en medios de comunicación, sin embargo, han concurrido en torno a la propuesta tres enérgicos contrincantes como el mismo presidente, la actual alcaldesa Claudia López y el exalcalde Enrique Peñalosa. Los tres coinciden en que es una medida de justicia social y que el transporte es un bien público que debe ser subsidiado. En donde no han coincidido es en el cómo y en las cuentas de lo que implica la medida. Por supuesto es tan reciente la propuesta que se necesita tiempo y estimaciones para realizar un análisis de impacto y de beneficio costo de la medida. En Colombia no es nuevo incluir en la factura de servicios públicos un cobro para subsidiar otro servicio. Por ejemplo, el aseo ya se cobra con la energía.

Si bien en el mundo hay innumerables experiencias en las que se subsidia el transporte público, no es común que sea con el servicio de energía. Hay si, algunas experiencias piloto como en la ciudad de Utrecht en Holanda, en donde se ha llevado a cabo un proyecto piloto llamado “We Drive Solar” (Conducimos con Energía Solar) en el que se utilizan autobuses eléctricos y paneles solares para generar y almacenar energía. Los usuarios pueden cargar sus vehículos eléctricos en las estaciones de carga solares y, a cambio, reciben créditos que pueden utilizar para viajar en los autobuses eléctricos.

En algunas ciudades chinas, como Shenzhen y Zhuhai, se han implementado sistemas de autobuses eléctricos que se cargan a través de estaciones de carga solar. Estos sistemas están diseñados para generar y almacenar energía solar durante el día y utilizarla para cargar los autobuses durante la noche. Aunque los pasajeros no pagan directamente con energía, el sistema se financia en parte con los ahorros de energía generados por la generación solar. En algunas ciudades de Estados Unidos, como San Francisco, se están llevando a cabo proyectos piloto donde se instalan paneles solares en las estaciones de carga de vehículos eléctricos. Estos paneles solares generan energía renovable que se utiliza para cargar los vehículos eléctricos, incluyendo aquellos utilizados en el transporte público.

La idea de subsidiar el transporte con el servicio de energía plantea una serie de interrogantes y desafíos que deben ser cuidadosamente considerados antes de su implementación. Si bien existen posibles beneficios en términos de reducción de costos para los usuarios y promoción de la movilidad sostenible, también se deben abordar las preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad financiera y la equidad en la distribución del subsidio. Es necesario un análisis exhaustivo y un debate amplio que involucre a expertos, actores gubernamentales y ciudadanos para evaluar adecuadamente los pros y los contras de esta propuesta y tomar decisiones informadas que beneficien a la sociedad en su conjunto.

Si se fuese a realizar un análisis beneficio costo, se podría empezar por valorizar las ventajas de subsidiar el transporte con el servicio de energía. Tradicionalmente, se debe iniciar por identificar los costos y beneficios relevantes. Los costos podrían incluir la inversión inicial en infraestructura, los costos operativos y de mantenimiento, así como los posibles costos de oportunidad. Por otro lado, los beneficios podrían abarcar la reducción del costo del transporte para los usuarios, la disminución de la congestión vehicular, los beneficios ambientales asociados con la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire, entre otros.

Quizás una de las ventajas que implicarían un desafío en la medición es la reducción de costos para los usuarios ya que la implementación de este subsidio proporcionaría un alivio financiero para los ciudadanos, especialmente aquellos de bajos ingresos, al reducir el costo de transporte diario. Esto podría contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aumentar su acceso a oportunidades laborales y educativas.

Por otro lado, al vincular el subsidio del transporte con el servicio de energía, el gobierno podría incentivar el uso del transporte público en lugar de los vehículos privados. Esto podría resultar en una disminución de la congestión vehicular, la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo así una mayor sostenibilidad ambiental.

En cuanto a los desafíos que se convierten en costos que deben ser cuantificados, están, por ejemplo, la sostenibilidad financiera. Una de las principales preocupaciones relacionadas con esta propuesta es la viabilidad económica a largo plazo. La implementación de un subsidio de transporte mediante el servicio de energía requeriría una cuidadosa planificación y evaluación de costos, ya que el sistema energético también tiene sus propias demandas y necesidades de inversión.

De igual manera, existe el riesgo de que este tipo de subsidio beneficie desproporcionadamente a ciertos grupos de la sociedad, mientras que otros podrían no recibir los mismos beneficios. Sería fundamental garantizar que el subsidio sea equitativo y llegue a aquellos que más lo necesitan, evitando así aumentar las brechas sociales y económicas. Para evitar esto, podría darse el subsidio directamente a quienes lo necesitan, tal como se hizo con la compensación del IVA y cuya evaluación se realizó por la alianza Universidad de Los Andes y Econometría en 2021.

Finalmente, algunos aspectos cualitativos tendrán que considerarse como los efectos sociales, ambientales y políticos de la propuesta. Estos aspectos cualitativos pueden ser difíciles de cuantificar, pero deben tenerse en cuenta al tomar una decisión informada.

Una vez cuantificados los costos y los beneficios, se deberá calcular el valor actual neto que es una medida utilizada para evaluar la rentabilidad de una inversión o proyecto. Se calcula restando los costos presentes del proyecto de los beneficios presentes, ajustados por el valor del dinero en el tiempo. Si el VAN es positivo, indica que los beneficios superan a los costos y que la propuesta podría considerarse beneficiosa desde una perspectiva financiera. Solo en esta situación la medida del presidente tendría todo el sentido y muy seguramente alrededor de los resultados, de la evidencia, tendrían mayores elementos los tres fuertes contrincantes para ponerse de acuerdo.