El Gobierno Nacional ha anunciado que insistirá en su propuesta de reforma laboral. Dentro de esa propuesta hay multiplicidad de iniciativas, pues va más allá de modificar el recargo nocturno, dominical y festivo. El proyecto de ley radicado en la anterior legislatura contenía 13 títulos que podrían agruparse en cinco grandes temáticas. La primera, estabilidad laboral y modelos de contratación. La segunda, restricción a la tercerización. La tercera, cambios en los costos del trabajo. La cuarta, colectivos especiales de trabajadores. La quinta, derecho colectivo y asuntos sindicales.
Econometría realizó un análisis de la propuesta de reforma para Acrip que incluyó un sondeo a empresas afiliadas al gremio. El estudio encuentra que, para este colectivo de empresas, las iniciativas relativas a (i) crear modalidades especiales de contratación para trabajadores agropecuarios, y (ii) aclarar relaciones laborales entre plataformas tecnológicas y trabajadores que laboran con ellas, resultan ser bien valoradas. Se considera que estas iniciativas pueden aportar para el desarrollo del país y, simultáneamente, son viables para la continuidad de empresas en esta agremiación, aunque haya de por medio un esfuerzo del sector privado.
De una parte, la iniciativa relativa a trabajadores agropecuarios es un avance hacia la dirección correcta siempre y cuando proporcione herramientas contractuales y de seguridad social a la medida del sector. Reconocer las características propias del campo y adaptar la normatividad a ellas fomentará su desarrollo y formalidad. De otra parte, la propuesta asociada a plataformas tecnológicas y trabajadores que laboran con ellas busca transparentar relaciones labores. Allí lo clave es identificar cuándo efectivamente se configura una relación laboral y, en ese caso, hacerla explícita. Lo cual no necesariamente es el caso de todos o de la mayoría de quienes trabajan con una plataforma.
En contraste hay iniciativas de reforma tales como la restricción de la tercerización, la prohibición de pactos colectivos y el incremento en costos de despido e indemnizaciones que las empresas que contestaron al sondeo perciben afectarán su continuidad y permanencia en el mercado. La restricción de la tercerización reduce el margen de maniobra de las empresas ante las variantes condiciones de los mercados. La Misión del Empleo de 2021 señala que ante inflexibilidades en la contratación, empresas y trabajadores buscarán estrategias alternativas informales para trabajar juntos, luego “El resultado es que solo una minoría de trabajadores disfruta de estabilidad, se reduce el empleo formal en las empresas y se induce arreglos contractuales que, si bien tienen sentido a la luz de las regulaciones vigentes, deprimen la productividad del país” (Misión de Empleo, 2021, págs. 15-16).
Adicionalmente, expertos laborales consultados indican que una fracción de lo tercerizado se incorporaría a las empresas, aumentando levemente el empleo asalariado, pero simultáneamente haría más difícil la generación de empleo al hacerla más costosa, entonces, también reduciría el empleo formal. También se advierte sobre la dificultad práctica de vigilar y controlar si las actividades contratadas mediante tercerización corresponden o no al objeto social de las empresas. Se incrementaría la tramitomanía.
Respecto a la prohibición de pactos colectivos es menester aclarar que al ser un derecho que tienen trabajadores y empleadores de llegar libremente a acuerdos que consideren beneficiosos para ambas partes, no resulta conveniente eliminar ese derecho en favor de un grupo que, aunque importante, es minoritario, como lo son las asociaciones sindicales. Según un reporte de la Escuela Nacional Sindical, la tasa de sindicalización en Colombia es menos de 5%. Luego, en vez de limitar las opciones de diálogo y negociación, se deberían ampliar.
En lo relativo al incremento en costos de despido e indemnizaciones, hay consenso en la región y en el mundo señalando que este tipo de políticas hacen más difícil la generación de empleo. Además, aunque un aumento en los costos reduciría la rotación de personal, ello incrementaría el tiempo de búsqueda de empleo y empleados, pues las empresas serían más selectivas y estrictas para contratar. En ese sentido, lo que hace falta es mejorar el sistema de seguro al desempleo ampliándolo a toda la población trabajadora, incluyendo informales, y fortaleciendo sus beneficios.
El incremento en costos puede ocasionar múltiples efectos no deseados. Las empresas agremiadas en Acrip participantes del sondeo indicaron potenciales reacciones ante incrementos en costos de 15% y 30% (ver gráfica). El 88,9% de las empresas manifestó que reduciría el número de empleados si se incrementaran los costos en 30%, el porcentaje sería 81,0%, si el incremento en costos fuese de 15%. El 79,4% restringiría planes de crecimiento o inversión ante incrementos de 30% y 73,0% si el escenario es aumento es 15%. Las reacciones potenciales menos citadas son retirar inversión extranjera y dejar de operar. No obstante, ante un incremento en los costos laborales estas reacciones se darían en más de 30% de las empresas, lo cual es muy sensible.
Si bien hay elementos interesantes en la propuesta de reforma laboral, es necesario advertir sobre iniciativas con impactos no deseados. Invitamos a compartir los análisis rigurosos respecto a las propuestas y dialogar para seguir construyendo país.