Por: Carolina Suárez Hernández
Todo el tiempo las personas estamos tomando decisiones; algunas sencillas, como lo que voy a comer ese día, y otras más complejas, como hacer una inversión, cambiar de trabajo o establecerse en otra ciudad. Si bien algunas de estas decisiones, sobre todo las más simples, parecen tomarse de manera desprevenida, hay detrás de ellas procesos cognitivos que toman en cuenta información (objetiva o subjetiva) que nos hace valorar las alternativas y optar por una de ellas.
La mayoría de las decisiones individuales, o al menos aquellas que no se toman en emergencia o en crisis, pasan por un proceso reflexivo en el cual las personas identificamos las opciones, nos informamos, analizamos las alternativas en función de la información que tenemos disponible, y elegimos. Esto es un proceso perfectamente claro cuando hacemos, por ejemplo, una inversión.
Sin duda este mismo proceso lo hacemos constantemente para tomar decisiones personales o familiares, incluso de negocio; pero ¿qué pasa en la toma de decisiones públicas? Las políticas públicas son la intervención del Estado para atender temas específicos que redunden en la protección y bienestar de los ciudadanos (y también en el sostenimiento del orden público), éstas se consolidaron luego de la Segunda Guerra Mundial y, con las variaciones de enfoque que se han ido dando desde ese momento de la historia, se mantiene como la forma de acción pública.
Esta acción, su alcance, magnitud y calidad, está naturalmente restringida por la disponibilidad de recursos, aunque también por otros factores como la aceptación ciudadana o de otras fuerzas o poderes políticos, por el contexto o por la geopolítica. Si nos vamos a lo simple y pensamos que por muy grande que sea un Estado sus recursos son limitados, se hace evidente que su uso debe ser eficiente, relevante y pertinente y, por tanto, el proceso cognitivo de tomar decisiones se vuelve también un asunto clave en la gestión pública, y en él, la información objetiva se constituye en un aspecto central para la toma de decisiones.
¿Se están logrando los efectos esperados con una acción gubernamental? ¿Esa acción es costo-efectiva? ¿Se está implementando una operación adecuada para lograr los resultados? ¿Está siendo pertinente la focalización de las acciones? Estas preguntas son obvias si se hace el parangón de las decisiones públicas con las individuales, pero son aún más importantes si se piensa que los recursos de los gobiernos son escasos (o al menos limitados), que son bienes públicos y por tanto su uso no se puede fundamentar en intereses o decisiones particulares, y que tienen una función social.
Tanto en el ámbito individual como el público, actuar teniendo información permite tomar mejores decisiones en la medida en que se reducen las probabilidades de errores al estar respaldadas por análisis objetivos; se reducen los sesgos y se incrementa la credibilidad por basarse en evidencia y no en opiniones, emociones o prejuicios; se puede llegar a acciones más eficientes y que toman en consideración experiencias y aprendizajes previos; permite identificar y gestionar los riesgos; y contribuye a la innovación en la medida en que está siendo un proceso analítico y crítico.
En Colombia la generación de información y evidencia para la gestión pública está establecida desde la Constitución (artículo 343), lo que ha hecho que en el país se haya desarrollado una estructura normativa, de política e institucional que hoy en día es referente en la región y que ha ido fortaleciendo cada vez más la capacidad técnica para generar evidencia de calidad. Sin embargo, aún hay desafíos importantes relacionadas con el uso de la información, la capacidad subnacional para generar evidencia y con el rol que tiene la información en la rendición de cuentas y la veeduría ciudadana.
Frente al primer desafío, en 2022 la Ocde emitió un documento de recomendaciones orientado a robustecer la institucionalidad para promover el uso de las evaluaciones en torno a tres pilares: i) la institucionalización de la evaluación como un proceso sistemático, ii) la promoción de la calidad de las evaluaciones, y iii) el desarrollo de evaluaciones que sean utilizadas en la toma de decisiones, y que sean difundidas y publicadas. En esta línea el Conpes 4083 DE 2022 busca fortalecer el uso de los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones en la toma de decisiones, y promover en el país una cultura de la evaluación.
Esta última intención del Conpes trae a colación el segundo desafío planteado, relacionado con la capacidad subnacional de hacer evaluaciones. Al respecto en un reciente panel organizado por la Universidad Externado al que fue invitado Econometría sobre “El uso de la evaluación en la gestión pública” se abrió una discusión en torno a la capacidad financiera y técnica de las entidades territoriales en el país para hacer evaluaciones y tomar decisiones basadas en evidencia.
Al respecto, es claro que hay una estructura político-administrativa en Colombia que puede marcar la centralización de la evaluación, pero que no desconoce que las políticas se implementan en los territorios; sin embargo, también es claro que hay otros elementos de generación de evidencia diferentes a la evaluación que tienen un alto potencial para ser desarrollados a nivel subnacional, como pueden ser los diagnósticos participativos o los observatorios, en donde actores como la academia pueden ser cruciales.
El tercer desafío que se tiene es el uso de la evidencia como un mecanismo de transparencia. La generación de información en el ámbito de lo público no se agota en la toma de buenas decisiones por parte de los gestores de política, sino que tiene un importante potencial en la rendición de cuentas y en la veeduría ciudadana. En la medida en que la información que se genera desde las evaluaciones tenga difusión, sea conocida por la ciudadanía y sus datos estén disponibles para ser replicados o utilizados en otras investigaciones, se tendrá un control social más cualificado y por ende una mejor gestión pública.
En definitiva, siempre será mejor tomar decisiones teniendo información, y en el ámbito de lo público esto no es un deseable sino un mandato relacionado con la eficiencia, la rendición de cuentas y la gestión de recursos.