El número de homicidios intencionales en el Ecuador se multiplicó por ocho en los últimos cinco años, pasó de 996 en 2018 a 8.012 en 2023, lo que representa un crecimiento sin par entre los países de la región. En estos años también crecieron las menciones e historias sobre organizaciones criminales como Los Choneros, Los Lobos, los Tiguerones, Los Lagartos y los Chone killers, que están cada vez más presentes en las noticias y en las redes sociales, cada una con su mitología y su panteón lleno de personajes con alias carcelarios como Rasquiña, Doble A o Fito, y sus bandas sonoras que incluyen desde corridos hasta baladas pop.

Ecuador ha sido un punto estratégico para el tráfico de narcóticos. Varios de sus puertos sobre el Pacífico -como Guayaquil- mueven miles de contenedores al día y están conectados por autopistas de quinta generación con el resto del país y, en especial, con algunas de las principales zonas cocaleras de Colombia. Esta ubicación estratégica, claro, lleva existiendo desde el nacimiento del mercado ilegal de cocaína, y no es un fenómeno que haya cambiado en estos años.

Las condiciones socioeconómicas del Ecuador en ese mismo periodo tampoco han cambiado de forma sustancial a la de sus países vecinos. En toda la comunidad andina la situación es similar y, salvo por la pandemia que afectó a todos y no solo a Ecuador, el progreso social en la región es lento, pero sin sobresaltos. La mayoría de los colombianos, ecuatorianos y peruanos en estos años han recorrido una senda similar de progreso social y económico.

A pesar de estas similitudes, a diferencia de Perú o Colombia, la violencia letal explotó en Ecuador, alcanzando una tasa de homicidios intencionales de 44,5 por 100.000 habitantes en el año 2023. Las causas pueden ser múltiples, pero una revisión detallada de la relación del homicidio con variables como la educación, la pobreza, la desigualdad o los ingresos parece apuntar a que la explicación principal no está ahí, y que es necesario explorar otras hipótesis.

Una de ellas es que la violencia letal en Ecuador ha aumentado por la interacción de tres factores principalmente: (i) un cambio en las características del crimen organizado que a su turno ha llevado no solo a diferentes estrategias de control social y territorial, sino también a un aumento de las disputas violentas, internas y externas; (ii) un desborde de la capacidad de las autoridades del Estado para contrarrestar dicha violencia; (iii) un consecuente deterioro de las relaciones de confianza al interior de las comunidades y un aumento de la permisividad y de las personas con conductas ilegales y violentas. Esto último, a su vez, puede llevar a una exacerbación de los comportamientos violentos, incluso aquellos no relacionados directamente con el crimen organizado.

En este sentido, El libro ‘More Money, More Crime: Prosperity and Rising Crime in Latin America’ (Bergman, 2018) recoge de forma exhaustiva la literatura sobre el crimen en Latinoamérica y ofrece un análisis de su aumento, que va más allá de las explicaciones clásicas que se tenían. De acuerdo con Bergman, paradójicamente, a pesar de las mejoras en los indicadores económicos, la estabilidad política y las reducciones en la pobreza y la desigualdad, la región ha experimentado un aumento significativo tanto en los crímenes violentos, como en los delitos contra la propiedad.

El autor propone que el aumento del crimen se puede atribuir a su interpretación como una empresa lucrativa alimentada por una fuerte demanda de bienes y servicios ilícitos, que ha superado las capacidades de la policía y el sistema judicial para controlar y castigar a quienes cometen los delitos.

Los mercados ilegales pueden operar por años sin violencia. Los criminales, que son buenos empresarios, saben que lo mejor para el negocio es que sus actividades transcurran sin sobresaltos; las masacres y el ruido traen problemas y elevan los costos de operar, por lo que lo ideal es mantener un equilibrio de baja violencia. Pero cuando ciertos eventos suceden, los equilibrios se rompen y la respuesta de estos grupos suele ser un aumento brutal de la violencia, una espiral de sangre para adueñarse del pedazo más grande del ponqué (o de todo). Esto ha pasado en varios lugares y en diferentes momentos.

Un ejemplo clásico es el de la Mattanza, una guerra a principios de los años 80 en Sicilia que enfrentó a las familias de la mafia y dejó cientos de muertos y otros tantos desaparecidos. Esta guerra, como ocurrió en Medellín hace un tiempo, también enfrentó a las bandas del crimen organizado contra la fuerza pública y las instituciones.

Este tipo de situaciones crea un círculo vicioso donde el crimen y la violencia aumentan, las instituciones se debilitan, son cooptadas y pierden la capacidad para gestionar el orden público y judicializar a los responsables. Y a su vez, los lazos de confianza entre los ciudadanos se rompen.

Las recetas para enfrentar estas situaciones de desequilibrio no son fáciles, pero la experiencia deja tres puntos:

• Reducir la violencia es más importante que luchar contra los mercados ilegales y ese debería ser el foco de la política pública. Algunas estrategias contra el narcotráfico, por ejemplo, pueden aumentar la violencia, por lo que es clave enfocarse en reducir los daños causados por el tráfico de drogas y, sobre todo, en la violencia derivada por la lucha por el control de este mercado.

• La justicia debe priorizar la investigación de los grupos y personas más violentos, no todos los crímenes por igual. Es importante investigar los casos más graves, como ataques a funcionarios públicos, periodistas o líderes de derechos humanos.

• Las autoridades deben mejorar su comprensión de cómo se mueve el dinero en las economías ilegales. Esto ayudará a identificar a los principales beneficiarios y a elegir mejor los objetivos de las acciones legales.