El último informe del Dane produce efectos colaterales que es necesario tener en cuenta para que el nuevo Gobierno, se serene, calme a su partido, a sus partidarios, y entienda que para el momento político que vive el país, el espejo retrovisor sirve para tomar precauciones pero no para avizorar los retos del futuro.
El crecimiento de 2,8% del PIB en el segundo trimestre, obedece particularmente a los sectores comercio, defensa y manufacturas. Esa cifra muestra un interesante comportamiento de la economía que, si bien es cierto sigue lejos de lo esperado, nos sitúa a la vanguardia frente a nuestros vecinos que todavía sufren los coletazos de la caída de los commodities. El dólar fluctúa moderadamente y el índice de precios al consumidor registró el menor crecimiento de este mes, en los últimos 15 años, de -0,13%, para un acumulado anual de 2,34%, lo que permite prever que estaremos al final del año dentro del rango propuesto por el Banco de la República.
De otra parte, pareciera que no tenemos problemas en la demanda, pues el Índice de Confianza del Consumidor, según Fedesarrollo, se ubicó en su mejor registro desde 2015, y el comercio crece, pero seguimos registrando el estancamiento de la industria nacional que no repunta, frente a la competencia importadora estimulada por el mejor precio del petróleo; el desempleo sigue cercano a 10%, y la construcción no reacciona, en el tema vivienda y en lo relacionado con inversión en infraestructura, pues las vías 4G siguen paralizadas por problemas en sus cierres financieros.
El gran reto del nuevo Gobierno es mantener la regla fiscal, controlar el crecimiento de la deuda que supera 44% del PIB y compensar la baja del recaudo de impuestos para financiar: la deuda de la salud que se acerca a los $8 billones, los $7 billones que requiere el sector vivienda y los recursos requeridos para implementar las propuestas de la campaña presidencial.
Lo preocupante son las fórmulas que propone el nuevo Minhacienda para buscar los recursos. Rebajar los impuestos al sector empresarial, con el argumento de que tributan demasiado, para impulsar el crecimiento de la producción y el empleo formal, no parece lo más conveniente. Ampliar la base tributaria y castigar la canasta familiar, gravando o incrementando el IVA, atenta contra los sectores asalariados y contra la clase media que ha venido pagando los platos rotos en las ultimas reformas tributarias, generando un explosivo clima social e ignorando que casi la tercera parte de la población es pobre, en un país con un índice de Gini de 0.52.
Sin embargo, para el ejercicio democrático puede resultar positivo el debate que sobre estas materia debe darse en el Congreso, pues por primera vez, en muchos años, hay un nuevo Gobierno claramente identificado con tesis conservadoras y una oposición progresista fuerte y calificada. Si realmente la mermelada fuera desterrada del manejo parlamentario, y se avanzara en la lucha contra la corrupción, que tanto anhela el país, presenciaríamos el inicio de una nueva era de confrontación ideológica en temas políticos y económicos, producto de la lucha democrática de la pasada elección presidencial donde por primera vez, en muchos años, no prevaleció el clientelismo ni la compra de votos de las viejas maquinarias políticas que fueron duramente castigadas.
NB.- La elección del Contralor podría servirle también al presidente Duque para enviar una señal diferente y Lafaurie debía colaborar dando un paso al costado.