Arrancó el año mostrando que no será fácil 2023. A los efectos del invierno que no parece terminar, se suman los problemas de desaceleración económica reflejada en una tasa de crecimiento cercana al 3%, dando al traste con las expectativas que traíamos, indicando que el nuevo año bordeará el 1%, con tendencia a la baja.
Tenemos serios problemas de ahorro, en una economía de oferta con baja producción, en la que el déficit fiscal y la deuda nos colocan en una posición incómoda, con una inflación que no cede, pese las altas tasas de interés del Banco de la República. El Emisor debía modificar esta política contraccionista, pues su ortodoxia terminará afectando la inversión y el empleo.
Lo que está ocurriendo en el plano económico debe alertar al gobierno para no seguir, en modo campaña, haciendo diagnósticos, promoviendo movilizaciones y generando un clima que no es propicio para los grandes desafíos que tiene por delante. Temas como la paz y las reformas prometidas, desde antes de la posesión del Presidente, merecen un manejo ponderado. La anunciada movilización, calcada del modelo uribista del estado de opinión, ya produjo en el pasado unos efectos contrarios a las pretensiones de su promotor, y los primeros pasos dados, en relación con el proceso de paz que se intenta poner en práctica, no indican la conveniencia de esa práctica, por demás innecesaria, cuando todavía no se conocen las propuestas del Gobierno.
En contraste, justo es reconocer que la ministra de salud Carolina Corcho ha estudiado el tema y quiere asumir el debate con rigor y sosiego, bajándole el tono a las connotaciones ideológicas que no son pertinentes en un tema de prioridad vital para la sociedad. La eliminación de las EPS, como intermediarias en la cadena de los servicios de salud, parece una decisión tomada que cada día gana aceptación en la opinión.
Parcialmente cumplieron su objetivo, con serios reparos en la administración de los recursos que, en muchos casos, terminaron desviados o perdidos, incumpliendo los pagos a las prestadoras de servicios. El reto del Gobierno y del Congreso es descentralizar la administración del presupuesto, poniéndolo en cabeza de la Administradora de recursos, Adres, implementando los Fondos regionales que pagarían directamente a las Redes integradas de la región, garantizando agilidad, eficiencia y cero corrupción.
El tema es de enormes implicaciones y la opinión conoce los riesgos que se corren cuando sectores gubernamentales, subordinados a intereses políticos, tienen acceso al control y manejo de recursos públicos. Los Consejos Regionales de Salud, con amplia participación ciudadana, asumirán el reto de vigilar y garantizar la transparencia del manejo de los recursos de la salud.
Ojalá la claridad con que la ministra de Salud está asumiendo el debate de la reforma, sirva de guía para que otras carteras abandonen la política de anuncios y provocaciones, dedicando todos sus esfuerzos a implementar el cambio que votaron los colombianos, evitando la improvisación que genera desconfianza, en el camino de construir una sociedad inclusiva, con nuevas formas de producción sostenible, basada en energías limpias, como lo predica el Presidente. Ideologizar el camino de las reformas y las acciones de gobierno, para caer en populismos de cualquier laya, no parece oportuno ni conveniente.