A estas alturas del proceso de paz que se negocia en La Habana-Cuba, preocupa la indiferencia y sobre todo la oposición ciega de ciertos sectores que parecen empeñados en buscar argumentos para destruirlo. Mucho se ha escrito sobre los efectos que sobre la sociedad traería la firma y la puesta en marcha de un proceso de paz como el que se lleva a cabo, en un país donde varias generaciones, por más de 50 años, no han conocido un día de sosiego; pero hay razones de orden económico que pueden servir para aclimatar el optimismo o para incrementar la desconfianza.

El Gobierno no goza de la credibilidad suficiente para aclimatar la confianza, precisamente por faltar a la verdad o por decirla a medias. El ministro de Hacienda se ha distinguido por acomodar sus declaraciones al vaivén de las olas cambiantes de los ciclos económicos. 

El deterioro actual de los indicadores de la economía indica que ni estábamos blindados para la destorcida de la bonanza petrolera, ni ahorramos para el período de vacas flacas. 

Hoy tampoco se le quiere decir la verdad al país, y el Gobierno está dando mil rodeos para no decir lo que está pensando: elevar el IVA (Impuesto de Valor Agregado) como la salida fácil de recaudo expedito para tapar el hueco fiscal que crece aceleradamente, y para atender los gastos de la desmovilización y el posconflicto.

El panorama es tremendamente incierto. En un estudio de la Universidad Sergio Arboleda que adelantamos con un grupo de profesionales de posgrado, llegamos a la conclusión que, aunque no existen estudios serios para cuantificar los costos de: la destrucción de la infraestructura petrolera, la infraestructura eléctrica y de vías, el gasto militar, el secuestro y la extorsión, los efectos sobre la productividad y la inversión y los costos de oportunidad, entre muchos otros, el conflicto produce en el país un decrecimiento cercano a 2% del Producto Interno Bruto, PIB, que es la cifra más cercana a lo que se recuperaría anualmente con la firma y puesta en marcha del acuerdo. 

Un estudio del Sipri, Instituto para la Investigación de la Paz de Estocolmo, muestra que gastamos 3,8% del PIB frente a 3,1% que gasta los Estados Unidos y que superamos ampliamente a los países de la región, con la excepción de Chile que está en 3,5% y Ecuador que gasta 2,8%, mientras los demás países están por debajo de 2% de su PIB.

El Departamento de Planeación Nacional en el documento Conpes 3712 de diciembre de 2013 fija los costos de implementación de la ley de justicia transicional, para la atención asistencia y reparación de víctimas en una cuantía de $54,9 billones para el periodo 2013- 2021, y la Contraloría General de la República calcula en $2,7 billones el costo de la reinserción de los militantes de las Farc. 

Conclusión: frente a las sumas y restas de ahorros y gastos, es inexorable la reforma tributaria. 

Preocupa que las necesidades son inaplazables; que los países que podrían ayudarnos no atraviesan las mejores condiciones económicas, y que el ajuste nos llegará en el peor momento cuando empresas, empresarios y ciudadanos de a pie, sienten que no dan más en materia tributaria. 

En estas condiciones el ajuste del IVA, que es el más regresivo, tendrá efectos perversos y de difícil pronóstico sobre las economía de las clases menos favorecidas, y puede crear un clima social francamente preocupante, contrario al deseado, frente al proceso que se avecina.

No la tiene fácil el Gobierno y el ministro Cárdenas que tendrán que aterrizar la reforma tributaria, apretarse el cinturón y buscar alternativas al IVA, más acordes con la justicia social y la equidad.