La tormenta social que agita el país no tiene buen pronóstico. Si a los reclamos sectoriales, que son muchos y enconados, sumamos las afugias económicas que tienen que ver con las dificultades de la balanza comercial y el déficit en cuenta corriente que amenaza el equilibrio fiscal y que obliga a las autoridades económicas a flexibilizar la regla para prever mayores desajustes en el mediano plazo, la situación es preocupante. El Gobierno, por su parte, tiene una visión sesgada, presionado por los sectores que lo eligieron y que equivocadamente lo empujan a satisfacer sus caprichos o a desarrollar vindictas usando el retrovisor. No son buenos los resultados de la política exterior usada con fines de recaudar dividendos en la política interna.
Lo de Venezuela, definitivamente salió mal. Un amplio sector de la opinión no entiende el afán de ponerle palos en las ruedas al tema de la paz. Preocupa la sistemática actitud del partido de Gobierno desprestigiando las instituciones de Justicia sin medir sus funestas consecuencias. La JEP es un instrumento del acuerdo de paz, forma parte de nuestro andamiaje constitucional y como tal debe preservarse.
El problema del Cauca merece toda la atención. Desafortunadamente, su manejo se enmarca en la política de gobernar para unos sectores. El pulso inútil que el Presidente Duque le ha planteado a los indígenas, es debilidad de gobernante mal asesorado, pues aún ganándolo, pierde. Nadie va a poder reclamar la pírrica victoria de atropellar, por mantener el “principio de autoridad”, un sector de la población, minoritario sí, pero de enorme importancia por su historia, su cultura, por lo que representa y por la centenaria exclusión de que ha sido víctima. Nada justifica negar a los indígenas del Cauca el derecho a ser escuchados por el Presidente de los colombianos.
Los problemas de tierras del país son una realidad. Según el Igac, en Colombia el 67,6% de los propietarios tienen menos de cinco hectáreas y poseen el 4,2% de la tierra y el 0,4% posee el 46,5%. Las cifras no necesitan ninguna explicación para entender por qué el Gini de la tierra es de 0.9 y de 0.86 sin los resguardos indígenas. En el Cauca esa situación es crítica, pese a los comentarios de que los indios se apoderaron de ese departamento. El 85,4% de pequeños propietarios tienen el 26,03% de la tierra, mientras que el 7,8% posee el 60,22% y el 0,52% tiene el 15,63% de la tierra. Según estudio de la Universidad Javeriana, de las 252.000 hectáreas de los resguardos, sólo 91.000 hectáreas son aptas para cultivar, excluyendo páramos y reservas. La tierra cultivable de los indígenas caucanos llega a 0,37 hectáreas por persona.
No es entonces de poca monta el problema de la minga caucana. Hablando con sus dirigentes se siente espíritu conciliatorio, pero no tienen interlocutores con poder decisorio y seguimos como en el primer día de la protesta. Se quejan de las más de diez veces que han ido a Bogotá, según ellos, a perder el tiempo, y de las 17 veces que los ha visitado el viceministro Soler, desde diciembre, de quien afirman con sorna, propia de su estilo, que lo toman como un consejero más del Cric, de tanto verlo.
Seguramente el Gobierno tiene argumentos para no ceder a todas las exigencias de la minga, pero lo que no puede hacer es negarse a dialogar con colombianos que reclaman por seculares incumplimientos del Estado y que aspiran mejorar sus condiciones de vida.
NB.- Cerrar las puertas a los congresistas, es otro error que confirma esa visión sesgada del Gobierno.