La designación de Carolina Corcho como ministra de Salud no sorprendió a nadie, pues aunque no figuró, como muchos de los nombrados en este gobierno, en la primera línea de acción política, era innegable la coincidencia de sus posiciones con las que pregonaba Petro en su camino a la Presidencia. Sin embargo, acertaba más como generadora de opinión que como responsable del cambio, en un sector tan sensible y fundamental de nuestro país.
En primer lugar, no le queda bien a la señora ministra mantener una posición desafiante e innecesariamente provocadora, cuando tiene todos los ases en la mano, incluido el Congreso y la opinión, frente a las inaplazables reformas que requiere el sistema de salud. El desgaste propiciado, es un capital que se requerirá más adelante, para afrontar un debate tan complejo como el de la reforma tributaria, que solo encontró vía libre cuando Presidente y Minhacienda se aplicaron a manejarlo, con cifras y argumentos, restando importancia a inoportunas interferencias de altos funcionarios que afectaron el clima económico.
En segundo lugar, si se le bajara el tono al debate, se podría recuperar la serenidad de los actores: sociedad, Gobierno, Congreso y sectores de la salud, para revisar las graves desviaciones de la ley cien que votamos en su época con entusiasmo y que permitió avanzar en eficiencia, equidad y cobertura. Tal vez ese barullo innecesario está generando una cortina que impide ver, entre todos los defectos del sistema, el que clama a gritos su revisión a fondo: la monumental corrupción que convirtió un servicio vital en vulgar negocio.
Cómo olvidar los carteles que surgieron para apoderarse de sus recursos. La Fiscalía rebeló, en su momento, setenta modalidades de saqueo para esquilmar la salud. Cómo ignorar que las IPS recurrieron a toda clase de estratagemas para asaltar el sistema, fingiendo procedimientos, sobrefacturando medicamentos y servicios, inventando pacientes y tratamientos para hacer recobros fraudulentos, tercerizando servicios rentables y escurriendo el bulto para atender necesidades de los afiliados que no les eran rentables.
Cuesta trabajo oír a los nuevos defensores de oficio de las EPS, como si el país hubiera olvidado los abusos que cometieron en su labor de intermediación, despilfarrando recursos, eludiendo controles, esquivando obligaciones y haciendo inversiones y gastos, que no les correspondían, con los dineros de la capitación. Sin exagerar, muchos artículos del código penal fueron pisoteados por responsables de esos Entes, que terminaron en la cárcel o eludieron la justicia. De 45 EPS existentes, en algún momento, solo 16 tuvieron certificado legal de funcionamiento y hoy solo cuatro funcionan, según la ministra.
No sé si lo prudente sea acabar con las EPS. El debate está abierto, pero lo que sí tiene claro el país, es que no pueden seguir funcionando como hasta ahora lo están haciendo. Tuvieron su oportunidad y fracasaron. Habrá que encontrar una forma para que los recursos lleguen, sin intermediarios perversos y sin peajes, a los prestadores de servicios, mediante un sistema vigilado y vigilante que valore calidad y eficiencia.
Políticos, contratistas y proveedores del sistema de salud, deben entender que su felonía terminó y que no pueden seguir enriqueciéndose o haciéndose elegir, a costa de la muerte de sus compatriotas.