Finalizando el año surgen inquietudes en el balance personal y nacional cunado se miden los avances del desarrollo colectivo. En Colombia, como en casi todas las latitudes, estamos inmersos en el debate sobre el futuro del Estado, el papel del Gobierno y los efectos de la postpandemia.
Lo primero que debemos reconocer son nuestras manifiestas deficiencias en el campo social y económico para formular políticas públicas en la búsqueda del bien común. El ciudadano sigue siendo el centro del debate para definir su ubicación entre la limitación al mercado y la intervención del Estado. El único consenso que existe, concibe al Estado como árbitro para dar garantías al ciudadano y para generar justicia y equidad, siendo esa talvez esta la tendencia más aceptada en el mundo político y económico. Europa tiene las mismas afugias y la crisis española es un claro ejemplo de una democracia que, bajo el sello progresista, transita por esa senda estrecha de acercar el Estado al ciudadano, sin caer en el fracasado estatismo que genera prevenciones mayúsculas en el establecimiento
Petro conoce el tema y ha tratado de ejercer en el plano internacional un liderazgo, esquivo por los actores y por lo intereses en conflicto. Es plausible ese esfuerzo, pero son claras las limitaciones para influir sobre decisiones globales. La política del control carbónico debe ser asumida prioritariamente por los países desarrollados para financiar los esfuerzos de los países emergentes a fin de no seguir en el camino de agravar la crisis climática. Infortunadamente, falta decisión en los mayores contaminadores del planeta.
En teoría económica global hay claridad, pero en el terreno de las realidades, el Gobierno se creó dificultades tratando de mostrar sindéresis en el tema de desestimular la producción de energías fósiles, lo que es sano y lógico, pero inconveniente si no se planifica gradual y progresivamente. Ahí nos equivocamos y pagamos un alto costo. En política, tampoco acierta el Gobierno cuando negocia con actores de discutible credibilidad para ganar gobernabilidad y desbaratar el temido señalamiento de sus contradictores que, tratan de ubicarlo en el plano de los populismos, estigmatización que genera pánico escénico en los gobiernos latinoamericanos cercanos a la izquierda reformista.
Avanzamos sin duda, pero hoy tenemos más o mayores incertidumbres de las que teníamos al comienzo del Gobierno. La reforma tributaria generó recursos, pero se impone una nueva fiscalidad orientada a crear valor y a desestimular la renta ociosa, pero temas como la inoportuna compra de aviones, justificada gaseosamente con el argumento de la seguridad nacional, poco contribuyen a generar confianza. El país entiende los esfuerzos en la búsqueda de la paz total, pero duda por este tipo de decisiones, asi como por los anuncios de cuantiosos estímulos económicos a sectores de la sociedad, justos en el camino de generar equidad, pero inconvenientes por sus efectos nocivos secundarios según criterio del nobel economista Jean Tirole.
Las incógnitas se mantienen. el Gobierno y más exactamente el Presidente, acorde a las tendencias orbitales que tanto admira, debe tomar decisiones, actuando más como analista económico que como actor político, pues cuando lo hace, acierta y se contradice menos.