El inversionista sabe que para iniciar o ampliar un proyecto es necesario hacer los estudios de factibilidad, costos, tasa de retorno y tener en cuenta los riesgos de la inversión. Con ese mismo criterio la clase dirigente tendrá que aceptar que el proceso de paz tiene unos costos que el país debe financiar, pese al mal momento que atraviesa en materia económica. Todo indica que es oportuna la inversión, pues el gran riesgo, de no hacerla o aplazarla, es que perdamos la posibilidad de construir la paz que no hemos conocido en más de 50 años y que nos permitirá como reza el acuerdo: “la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctimas de la exclusión y la desesperanza”. 

En términos económicos está claro que es más cara la guerra que la paz. Negar el acuerdo genera además el enorme  riesgo de seguir segando la vida de quienes están directamente comprometidos en el conflicto: soldados, policías, guerrilleros y civiles perteneciente a los sectores más vulnerables de la población.

Los costos de la reintegración de los firmantes del acuerdo son francamente despreciables, en la  relación costo-beneficio, y nadie entendería la mezquindad de una sociedad, tan frecuentemente pródiga, para malbaratar su escasos recursos. 

El riesgo de que lleguen 10 guerrilleros al Congreso de la República es un riesgo de mínima cuantía. El país puede tener la certeza de que si algo cambia en el Congreso, con la presencia de estos nuevos actores políticos, será para bien, pues ellos estarán en la mira de la sociedad que espera su aporte, al cuasi inexistente control político, y sus propuestas para lograr en los estadios de la institucionalidad lo que no lograron en su lucha armada. El debate se enriquecerá, sin duda, y ahí gana la democracia.

En el tema de la justicia, es imposible no correr los riesgos de algún grado de impunidad. No hay en la historia un pacto de paz que no haya implicado transacciones transitorias, en la aplicación de la justicia, en aras de retornar a la normalidad, como un costo ineludible para derrotar la guerra y la violencia. El capítulo de la Jurisdicción especial para la Paz es el gran aporte del país para que quienes aspiran integrarse a la sociedad reconozcan ante esa justicia transicional sus errores, reciban algún tipo de sanción y se comprometan a la no repetición, confesando sus delitos y reparando, en alguna forma, a las víctimas de la violencia. Este es tal vez el capítulo más contencioso de lo acordado en la Habana y queda bajo la mirada de la Corte Penal Internacional que ya ha manifestado su anuencia. Descalificar este imaginativo esfuerzo de justicia transicional no conduce a nada, y más bien puede aparecer como obstinada y obcecada intención de cerrarle las puertas a quienes desean saldar cuentas con la sociedad para integrarse a ella.

Finalmente, pareciera que hay sectores que no ven con buenos ojos que el Estado haya reconocido ante un grupo armado sus debilidades y su deuda con amplios sectores de la sociedad. Causa escozor que sean las Farc las que, a la luz de sus doctrinas, reclamen al Estado la remoción de las condiciones objetivas que justificaron su rebelión armada, pero nada justifica desaprovechar esta oportunidad para intentar como reza el acuerdo: “reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio”. 

El país no puede ignorar la marginalidad que afecta a más de un tercio de la población, el abandono del campo colombiano, la ostensible inequidad que nos señala frente al mundo, la desigualdad de oportunidades y nuestras graves falencias en materia de justicia, salud, educación, etc., transversalizado todo por dos monstruos apocalípticos: la corrupción y el narcotráfico.  

O ajustamos los resortes de una sociedad excluyente, ampliando y fortaleciendo la democracia, o corremos el riesgo de caer en el absolutismo, la anarquía o el populismo.