Los gremios económicos y la mayoría de los analistas comparten las apreciaciones sobre el momento que atraviesa el país, las fortalezas del Gobierno y las expectativas, con algunas discrepancias, muy lejos de la catástrofe que anuncian los agoreros de desastres, sesgados por intencionalidades políticas en vísperas de una impredecible contienda donde solamente el semanario inglés, The Economist, se arriesga a hacer predicciones que nadie se atreve a rubricar por temor a equivocarse.
Anif, Fenalco y Fedesarrollo creen que el crecimiento económico no saldrá de un rango entre 1,6% y 1,8%; la TRM bordeará los $3.000 y la inflación entrará dentro de los márgenes del Banco de la República, situándose alrededor de 3,8%, para concluir que andamos en niveles mediocres de crecimiento, sin grandes perspectivas en el corto plazo.
Coinciden los analistas en aceptar algunos logros del Gobierno en inversión y en el tema de la paz, pero lo rajan en el manejo del gasto público y en el aplazamiento de temas cruciales como los que tienen que ver con la reforma tributaria y pensional, inaplazables para combatir la desigualdad y conjurar la amenaza al fisco, urgido de recursos para afrontar temas cruciales como la paz, la educación, la salud, la ciencia y la tecnología.
Hay relativos consensos y algunas diferencias frente a las fórmulas para recuperar la confianza del consumidor que van desde el recorte del IVA, hasta la disminución de las supuestas excesivas cargas impositivas a las empresas, pasando por la baja de los intereses para estimular gasto e inversión. Sin embargo, el tema que preocupa es de fondo por la aparente incapacidad del Estado y del modelo, para producir respuestas a la crisis institucional que atraviesa el país.
Pese a las inequidades profundas, no tenemos convulsiones de magnitud apreciable pero es necesario salirle al paso a los grandes retos para no llegar tarde, como siempre, con respuestas efectivas. En materia económica la desigualdad es insostenible y es imperativo combatir la informalidad y la inseguridad social. La reforma tributaria que el Congreso le debe al país debe consultar la progresividad y la equidad para que no sigamos creciendo la brecha.
Es inaplazable la generación de empleo digno y el desmonte del absurdo e insostenible régimen pensional que se traga un tercio de los impuestos, subsidiando a unos pocos privilegiados, permitiendo que el sector financiero acumule recursos de las AFP, los preste al Gobierno y de repeso cobre por su manejo, como lo ha venido denunciando la exministra Cecilia López, generando un déficit de $38 billones que amenaza la estabilidad fiscal en materia grave.
Está claro que hay reformas estructurales que no dan espera, pero ni el Gobierno ni la oposición tienen la capacidad ni el prestigio para proponerlas dado que, como tanto se ha repetido, ellos miran las próximas elecciones y no las próximas generaciones.
A lo anterior hay que sumar el cataclismo de la corrupción, que ojalá conmocione a la sociedad, pues a veces uno lo duda, y el tsunami que destrozó la justicia. Imposible entonces creer que los partidos, los políticos o los jueces que terminaron cubiertos por el lodo, puedan abordar una reforma de tanto calado. El camino se estrecha y la reforma constitucional pareciera inevitable por el compromiso letal con la concupiscencia de Gobierno, Congreso y Cortes. En ese orden de ideas, la vía Constituyente deja de ser un capricho sospechoso para convertirse en la salida que el país y la democracia necesitan.