Pareciera que el país, embelesado con las gambetas de Messi y los goles de Mbappé, se hubiera olvidado de la grave crisis que enfrenta Colombia por el recrudecimiento de los crímenes contra defensores de derechos humanos, en todo el territorio nacional, y por la escalada de muertes violentas de civiles y militares que enlutan centenares de hogares y empañan los buenos deseos de construir caminos de reconciliación. La ONU denuncia el asesinato de 100 defensores de DDHH en 2021, frente a 114 asesinatos perpetrados en el primer semestre del año que termina, en un marco de violencia decreciente, como resultado del Pacto de Paz, que disminuyó las muertes violentas, pasándolas de 12.665 en 2012 a 1.238 en 2016.
Indepaz cree que hay más de 93 grupos armados ilegales, reconfigurados después del acuerdo de 2016, donde figuran guerrillas de estirpe política, grupos paramilitares y narco para militares, disidencias de los acuerdos de paz y bandas criminales asociadas a todo tipo de actividades delincuenciales, en su gran mayoría, ligadas al narcotráfico que es sin lugar a dudas el combustible de la violencia.
El ELN es la más grande organización de carácter político-guerrillero que podría acercarse a un acuerdo de paz, tipo Farc, teniendo en cuenta su actual capacidad político-militar. Siguen en importancia, por su número, los grupos disidentes o residuales, el Clan del Golfo, los Pelusos y sectores exintegrantes de las Farc. Las disidencias de las Farc son significativas y pueden acercarse a los 5000 integrantes, distribuidos en 19 estructuras.
En resumen, podríamos estar hablando de más de 13.000 alzados en armas que tienen como particularidad la diversidad de intereses, la inexistencia de mando unificado y la multiplicidad de vínculos, con agentes ilegales, nacionales y extranjeros, que patrocinan sus acciones o se lucran de ellas.
Acierta el Gobierno cuando se propone dar prioridad al tema de reconstrucción del tejido social, convertido en frágil telaraña por la acción violenta de estos miles de actores, productos de un conflicto, inicialmente político, que se degradó en el tiempo, hasta llegar a niveles inimaginables de odio y salvajismo. Sin embargo, no pareciera prudente, en ese tablero policromático de incertidumbres, dar la sensación de claudicación del Estado Social de Derecho que tiene obligaciones pendientes con gran parte de la sociedad civil, ávida de equidad, justicia y tranquilidad
La Paz Total, en el papel, es la adecuada respuesta a la violencia que vive el país, pero el crimen organizado y los actores armados, de orientación política, deben hacer explícita su voluntad de paz, como está ocurriendo en Buenaventura, o de lo contrario estaremos entrando en un terreno fangoso de indefiniciones. No hay una hoja de ruta que defina los alcances de la reconciliación o el sometimiento y pareciera secreto de Estado, pues no son claras las líneas rojas entre subversión y delincuencia. El Jefe de Estado no puede circunscribir sus criterios al pequeño circulo que lo rodea, ni aislarse obstinadamente, ignorando otras ramas del Poder Público, como la Jurisdiccional, pues los errores o los aciertos del proceso, tocan los pilares de la institucionalidad y comprometen el futuro de todos los colombianos que soñamos con la paz.