El país no puede ignorar el nuevo clima político, económico y ecológico que vive el planeta. A la luz de esa nueva concepción que compromete a economistas, políticos, matemáticos y científicos, es posible acercarse al análisis de lo que ocurre en todas las sociedades, donde es clara la necesidad de encontrar respuestas a las incógnitas del nuevo siglo.

Aquí, es preciso examinar las acciones del Gobierno que se inscriben en esa agenda. Petro es estudioso, sin lugar a dudas, y sus pensamientos se alinean con las propuestas de quienes en medio de la confusión especulan formulando pócimas para todos los males. La desigualdad es sin lugar a dudas el primer punto de ese catálogo de problemas que exigen respuesta. Los analistas creen que ahí nacen la mayoría de las falencias del nuevo orden social. El marginamiento que produce, genera segregación, atenta contra la propia dignidad humana, impide el crecimiento individual y colectivo, destruye la confianza en el Estado, socava el sistema fiscal y financiero, y genera violencia.

En ese ambiente enrarecido aparece el populismo como respuesta a una crisis que no tiene antecedentes y que no sede con emplastos, utilizados cuando el viejo orden, víctima de la desregulación y del desorden en los mercados, generó una catastrófica concentración de la riqueza que nos puso al borde de la desestabilización total. El poder del Estado se minimizó, dando paso al fortalecimiento de la actividad financiera que pasó de ser intermediaria de la generación de valor, a depositaria y beneficiaria de la riqueza que otros sectores generaban, incrementado la desigualdad y la concentración.

Forzoso es concluir que la agenda Petro está claramente anclada en la formulación de propuestas para enfrentar la inequidad, y su pariente cercana la corrupción, que contribuyó a agravar sus efectos, así como los desafueros del sector financiero que en la pandemia aumentó su desenfreno acumulador.

Politólogos y economistas creen en la necesidad de rescatar la intervención del Estado para generar valor en asocio con el sector privado, gravar el capital, invertir en tecnología con miras a generar procesos sostenibles de producción y energías limpias, e incluso acciones de movilización social para fortalecer el sindicalismo y la organización ciudadana. Piketty recomienda regular el sector financiero, quitándole a la banca dedicada a las finanzas, el manejo del crédito de comercio y fortaleciendo la banca estatal para que se dedique al crédito de fomento de mediano y largo plazo abandonado por la inmediatez de la rentabilidad.

En el plano nacional es claro el cometido del nuevo Gobierno. De acuerdo con su ubicación en el espectro político, es fácil intuir su intención de intervenir en el sistema financiero, para lo cual necesita gobernabilidad negociando con la vieja política que desafortunadamente no abandona sus vicios.

En ese orden de ideas es necesario apaciguar la desmedida prisa, mejorar la comunicación y transmitir seguridad en el proceso de los cambios propuestos, sabiendo que la democracia tiene una dinámica donde los ajustes, incluidos los más convenientes y necesarios, deben ser consensuados. Cuando el Gobierno lo entiende, las aguas se calman y avanza, pero cuando se desborda por el entusiasmo de las multitudes, retorna la tormenta y afecta la economía.