El país quiere el cambio, como quedó claro en las elecciones presidenciales. Y es muy posible que ocurra, porque estamos en medio de una gran pugna distributiva.

La economía está disparada, nos guste o no. El PIB per cápita ya está 4% más alto que antes de la pandemia y se espera que este año el crecimiento económico sea por lo menos 6%.

Para producir este resultado se han combinado cuatro poderosos motores de aumento de la demanda: (1) los buenos precios de las exportaciones de café, petróleo, carbón, carne y muchos otros productos; (2) un enorme aumento del gasto público, como resultado del cual el déficit fiscal este año será cercano al 6% del PIB; (3) tasas reales de interés negativas debido a que la inflación ha subido mucho más rápido que la tasa de intervención del Banco de la República; y (4) una gran bonanza de negocios ilícitos, que incluye el narcotráfico, la minería mafiosa y la deforestación ilegal para criar ganado.

Una gran sorpresa es que el crecimiento económico se ha logrado, en muy buena medida, gracias a que ha aumentado la productividad laboral. Aunque el PIB está ya muy por encima de su nivel prepandemia, hay menos personas ocupadas (y más desempleados) que a fines de 2019. Es decir, cada trabajador está produciendo mucho más.

En el sector manufacturero, la productividad desde antes de la pandemia hasta mayo pasado aumentó más de 20%. En el comercio minorista, el volumen de ventas por persona ocupada también subió más de 20%. En cambio, en la agricultura y la minería ha bajado la productividad física.

Como los cuatro motores de la demanda agregada han tenido más fuerza que los aumentos de la productividad, y además hay presiones de costos por falta de suministros en algunos sectores, la inflación se ha disparado: ya va en 9,7% y podría seguir subiendo. La inflación de alimentos está en 23,7%, la más alta en más de dos décadas. Todo esto, mezclado quizás con algunos temores de los inversionistas, ha arrastrado también la tasa de cambio: un dólar vale hoy unos mil pesos más que hace un año.

Esta mezcla de circunstancias -crecimiento disparado, grandes aumentos de productividad en algunos sectores, inflación desbordada, fuerte devaluación-implica agudas pugnas distributivas, pues los ingresos de algunos grupos se quedan atrás de los de otros.

Están generándose enormes ganancias en algunos sectores, al tiempo que los asalariados han visto cómo se desvanece rápidamente el aumento de 10% de los salarios de principios de año y que los ahorradores en pesos ven caer el valor real de sus ahorros. Quienes tenían dólares -sean exportadores o narcotraficantes-están haciendo su agosto, mientras que muchas empresas o familias endeudadas en dólares (e incluso en unidades de valor real, UVR) pueden estar acercándose a la quiebra.

Con este telón de fondo está por inaugurarse el primer gobierno de izquierda de la historia nacional. Hay expectativas de que, finalmente, se paguen muchas deudas sociales y se reduzcan la concentración de la riqueza y el ingreso. Las reformas tributaria y agraria que están en la lista de prioridades legislativas seguramente apuntarán en esa dirección, pero no darán efecto inmediato.

Si de verdad se logra hacer más progresivo el impuesto de renta de las personas y eliminar las exenciones de las empresas de sectores privilegiados, el efecto solo empezará a verse en los recaudos tributarios de 2024. Si se descarrila el proceso de actualización del catastro para proteger al anquilosado Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se perderá la oportunidad de que algún día los terratenientes paguen impuestos a tasas razonables, así no sea en 2023. Por eso, el presidente Petro podría verse tentado a tomar medidas redistributivas de impacto (real o mediático) más inmediato, como subir fuertemente el salario mínimo, controlar precios, aumentar los subsidios, estatizar ciertas actividades e, incluso, expropiar.

Los cambios distributivos profundos siempre van acompañados de grandes tensiones sociales. Gustavo Petro conoce este juego mejor que nadie. Los momentos de más intensas pugnas distributivas de años recientes (que corresponden con picos de la inflación) han sido propicios para las protestas sociales; en todos, Gustavo Petro ha jugado un rol protagónico.

En febrero de 2008, propuso que el Gobierno y la oposición se unieran para protestar contra las Farc, como en efecto ocurrió con gran bombo. En marzo de 2016 ayudó a convocar un gran paro nacional con la novedosa propuesta de un día sin carro (mucho más progresista y ambientalista que la peregrina idea del día sin IVA). En 2021, alentó sin descanso el estallido social y lo aprovechó para fortalecer su perfil anti-sistema. Si sus reformas como presidente no satisfacen rápidamente las elevadas expectativas de cambio, pronto habrá nuevas protestas sociales, en las que tendrá que jugar un rol muy distinto.