La reciente alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a nueve de nuestros municipios -Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande- es una decisión soberana que respetamos, pero que nos exige levantar la voz con absoluta claridad y rigor institucional.

La seguridad de nuestro territorio no puede medirse bajo una lente de alarma indiscriminada, sino a través de la realidad de los datos y del esfuerzo titánico que venimos liderando desde las regiones.
Es imperativo contextualizar lo que ocurre: las dinámicas de delincuencia que afectan los territorios más allá de Barranquilla a principios de año no obedecen a una violencia contra la ciudadanía en general, sino a disputas internas entre organizaciones criminales por economías ilegales como el microtráfico y la extorsión.

Prueba de ello es que 98% de los homicidios se cometieron bajo la modalidad de sicariato, 95% de las víctimas mantenían vínculos con estructuras criminales y la mitad registraba antecedentes judiciales.
No estamos de brazos cruzados. Mediante la articulación integral con la Policía, el Ejército, la Fiscalía, los Gaula y demás organismos de seguridad y justicia, consolidamos “burbujas operativas” que en las últimas once semanas han logrado una contención sostenida de los homicidios cercana a 80% en promedio semanal.

Estamos ejecutando la mayor inversión en movilidad, tecnología, infraestructura, sistemas de videovigilancia e inteligencia de nuestra historia.

Sin embargo, el éxito definitivo de esta lucha local choca contra un cuello de botella nacional. Las investigaciones de inteligencia demuestran que cerca de 80% de los homicidios y las extorsiones en el Atlántico son ordenados desde las cárceles de La Picota, Cómbita y Girón, presuntamente por cabecillas que participan en procesos de paz que no han dado los resultados esperados.

Es inaceptable que los centros penitenciarios sigan operando como oficinas de mando criminal. Por eso, hacemos un llamado enérgico y urgente al Gobierno nacional y al Inpec: se necesitan de inmediato controles estrictos, traslados estratégicos y un bloqueo real de las comunicaciones.

Necesitamos que el Estado recupere la autoridad en las cárceles para salvaguardar lo que con tanto esfuerzo hemos construido en el Caribe, porque lo que está en juego en el Atlántico es monumental.
Nuestro departamento se ha transformado en un epicentro de progreso, un imán empresarial y un indiscutible referente cultural y turístico. En conclusión, aquí la transformación se nota y queremos seguir apuntando en esa dirección.

Cada año nos consolidamos como el destino de cerca de 1.750.000 turistas, de los cuales 205.000 son visitantes internacionales y, puntualmente, 120.000 provienen de los Estados Unidos, atraídos por la calidez de nuestra gente, el desarrollo de muelles históricos y malecones, y la pujanza de nuestra infraestructura urbana y rural.

A nuestros ciudadanos y a los visitantes del mundo les damos una certeza: actuamos con determinación y profesionalismo. Al Gobierno nacional le pedimos la firmeza que le corresponde.
Al Atlántico no lo define el miedo; lo definen su grandeza y el compromiso inquebrantable de seguir avanzando. ¡Para adelante, porque este territorio de oportunidades no se detiene!