30 años cumple de expedida nuestra carta política. Es la primera Constitución Política que contó con el previo respaldo del ciudadano, ya que fue consultada con la ciudadanía con el respaldo del Presidente de la República y los partidos políticos. Las anteriores cartas políticas nacionales, no fueron el resultado del consenso ciudadano; muy en especial, la carta política de 1886, impuesta por el régimen de la Regeneración de Rafael Núñez, aprobada por una asamblea de delegatarios nombrada por el Ejecutivo y sumisa ante este.

Es una carta política que en su origen tiene legitimidad nacida del consenso, y un rasgo que la caracteriza es su espíritu democrático y de paz, asimismo, promotor de una cultura de derechos humanos que la inspira. Es contraria a la carta política de 1886, que promovía gobiernos autoritarios que declaraban guerra a los derechos humanos, gobernando bajo el amparo del Estado de Sitio con severas restricciones a los derechos humanos y a las libertades. Su visión internacionalista es otro rasgo que la distingue.

La aprobación de la Carta de derechos humanos, la institucionalización de la Corte Constitucional y de las acciones de tutela y popular, son instrumentos democráticos de acceso a la justicia al alcance de las personas. Además, se estableció constitucionalmente el sistema general de participaciones y la distribución de los recursos de la nación en consideración a las necesidades básicas insatisfechas de la población que introdujo cierta equidad en el reparto de los bienes sociales e intenta corregir desigualdades históricas.

Otro aporte de la carta política a fin de garantizar seguridad jurídica y derechos humanos es la declaración constitucional acerca de la fuerza normativa de los tratados internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario suscritos por la República. Son normas constitucionales, que no pueden ser derogadas ni siquiera por el poder constituyente. Es un extraordinario avance en materia de garantías de los derechos humanos.

Es una Constitución Política moderna. Pero no es una obra perfecta ni terminada. Ni es una obra que no pueda ser reformada para corregirla democráticamente. Tiene graves defectos, es una Constitución centralista al extremo que aniquila la libertad política de autogobierno de las regiones y concentra los poderes en el Presidente de la República; de la misma manera, se le dejaron las manos sueltas al parlamento para reformar la carta política, este y ni corto ni perezoso, ha alterado parte del espíritu democrático de la Constitución.

En este contexto de corregir lo que se necesita corregir, la ciudadanía de la Región Caribe, mediante el voto Caribe el 10 de marzo de 2010, exigió la restitución del derecho a la autonomía política de autogobierno que disfrutaban ciudadanos los estados soberanos de la Región Caribe, antes de la expedición de nefasta Constitución Política de 1886, que nos las arrebató, y que nos devuelvan los bienes y se nos compensen los perjuicios que nos causaron por la expropiación del subsuelo sin indemnización. El gobierno centralista guarda silencio ante este justo reclamo.

La Carta Política de 1991 tiene conquistas históricas, pero también deudas que tienen que ser saldadas y no seguir desconocidas. En 1886 autoritariamente a los ciudadanos de las regiones del país se nos arrebató la libertad política y recursos, se nos colocó en condición de minoría de edad incapaz de autogobernarnos de la cual es ya hora de salir y el camino es respetar la carta política. El Voto Caribe ha marcado la ruta y es el momento de recordarlo.