El gobierno de la democracia moderna constituye una junta que administra la república y que ha sido elegida en nombre y representación de la ciudadanía.

El gobierno gobierna o debe gobernar en nombre y representación de los intereses de la comunidad dentro del limitado marco de las competencias que el ordenamiento constitucional y legal le ha conferido, por lo que siempre la persona elegida debe tener presente que es un servidor público y no el propietario de la cosa pública sobre la que transitoriamente ejerce el mandato y la representación.

Por ser nuestro gobierno una institución de la democracia representativa, la soberanía reside única y exclusivamente en la ciudadanía y de esta emanan los poderes públicos como lo establece la Constitución Política.

Un aspecto relevante de la democracia representativa es que ni siquiera el constituyente tiene un poder ilimitado, por lo que la soberanía tiene límites que derivan del respeto y garantía de los derechos humanos y de la forma republicana de gobierno.

Y si el poder soberano del constituyente tiene restricciones, con mayor razón jurídica más límites tiene el poder del gobierno representativo, ya que este solo puede actuar, insisto, en el marco de sus competencias que le son atribuidas por el ordenamiento constitucional y legal; en otras palabras, esta forma de administrar lo público no dispone de una patente de corso para actuar.

La forma de selección de los gobernantes en la democracia representativa es mediante un proceso de elecciones en un escenario en el que el ciudadano debería ser libre de cualquier coacción para acudir a la urna electoral, en un ambiente de fiesta democrática.

No deben imponerse los gobernantes, tampoco deben ejercerse maquinaciones ni violaciones a las reglas de la ética pública en el proceso electoral.

Por tanto, en la democracia representativa hay un actor que contribuye o debe contribuir a un buen gobierno representativo y a su formación: los partidos políticos.

Es de la esencia y del valor de la democracia representativa la existencia de los partidos políticos. Estos son los instrumentos por los cuales se debe canalizar la voluntad democrática de la ciudadanía y ser los escenarios de la formación del gobierno representativo.

Sin partidos políticos democráticos es inconcebible la democracia representativa, y existe una regla no escrita pero que hace parte de la tradición democrática: sin partidos políticos fuertes y democráticos en su origen y gobierno, no es posible institucionalizar una democracia representativa, es más, es impensable su existencia sin la presencia de estos, sin su accionar.

Se necesitan partidos políticos democráticos fuertes y con anclaje en la ciudadanía y existe la necesidad de crear las condiciones institucionales para su fortalecimiento.

Los gobiernos democráticos deben estar atentos a las naturales reformas institucionales que conduzcan al fortalecimiento de los partidos políticos democráticos. Esto no se le puede negar a ningún gobernante, no hay que olvidar que el exceso de prudencia es la imprudencia más funesta. De hecho, siempre estoy y estaré pendiente de la salud de mi Partido Liberal Colombiano. Otro tema es que cuando tengo la oportunidad de gobernar lo hago en consenso plural con los partidos y así garantizo la voluntad y los intereses de la ciudadanía.