Cataluña y España están en una encrucijada. Existe una grave tensión política que amenaza con romper la unidad española, provocada por las iniciativas de los partidos y movimientos nacionalistas que, con sus políticas, promueven la separación de Cataluña de España.

El discurso de los secesionistas se funda en el nacionalismo catalán y el reclamo de independencia absoluta. Los nacionalismos son un serio problema de los tiempos modernos y se hace necesario tomarlos en cuenta.

La democracia española está siendo puesta a prueba. Las instituciones políticas y la administración pública han respondido a las competencias que el ordenamiento constitucional les ha atribuido. Las respuestas institucionales en defensa de la unidad del territorio del Estado no se han hecho esperar por la administración de justicia. El Tribunal Constitucional de España, en su oportunidad, declaró inconstitucional el llamado del Parlamento catalán a un referendo secesionista. La declaratoria del Tribunal Constitucional estuvo acompañada de medidas cautelares que prohibían la realización del referendo secesionista por estimarlo contrario a las disposiciones constitucionales españolas.

En franca desobediencia al derecho y al Estado de Derecho, el Parlamento catalán expidió la Declaración Unilateral de Independencia en septiembre de 2017 y realizó el referendo secesionista. Las acciones soberanistas se adoptaron en rebeldía a la Constitución y sentencia judicial. La respuesta de las autoridades de España ante la Declaración Unilateral de Independencia no se hizo esperar. El Tribunal Supremo, previa garantía de un debido proceso y del derecho a la defensa de los promotores de la Declaración de Independencia y del referendo secesionista, condenó a los responsables a pena privativa de la libertad por la comisión del delito de sedición.

Es claro que la actuación de las autoridades españolas es conforme al derecho. Asimismo, está en rebeldía la ciudadanía catalana, al salir a enfrentar sentencias judiciales y llamar a su no acatamiento y obediencia. No obstante, los hechos en política son hechos políticos.

La inconstitucional Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña y el referendo que la aprobó son actos políticos con relevancia jurídica. El Estado de Derecho de España tiene el reto de construir un escenario político que permita fortalecer la unidad española que está seriamente amenazada. Sin la desinstitucionalización del Estado de Derecho de España y mediante un diálogo plural los partidos políticos tienen que salirse de este laberinto.

Esta situación, que afecta la estabilidad de la democracia española, tiene salida. No es otra que el diálogo plural que tiene un tema central: la revisión del modelo autonómico español que sacó a España de la vida premoderna y la hizo ingresar a la modernidad; de un bajo crecimiento económico y desarrollo humano saltó a una nación con un fuerte desarrollo humano y una democracia fuerte. Estos problemas son de la política.

El nacionalismo catalán es una realidad política. Sin ceder ante su propuesta soberanista se puede convenir el perfeccionamiento de las autonomías regionales para mejorar la calidad de la democracia contemporánea y la unidad de España. Es que un régimen de autonomías regionales constituye el mejor camino para fortalecer la calidad de la democracia. En Colombia estamos en mora.