Para superar la crisis energética que amenaza la sostenibilidad de la región Caribe y del país, la urgencia exige pasar de la preocupación a la acción inmediata con propuestas concretas que abran el camino hacia soluciones reales.

Así lo expresé en la audiencia sobre la crisis energética que realizó la Comisión Quinta del Senado de la República, en Barranquilla, el pasado viernes 23 de octubre.

En primer lugar, propongo la creación de una mesa nacional de seguridad energética para el periodo 2026-2027 que entregue un inventario público y verificable de la energía disponible. Esta iniciativa debe ir acompañada de la ejecución de un plan acelerado para desbloquear las conexiones de transmisión y distribución que hoy frenan a la industria en nuestro territorio.

Además, requerimos con urgencia una ruta financiera y operativa que estabilice a la empresa Air-e sin trasladar sus desequilibrios a los usuarios.

Asimismo, solicitamos la aplicación estricta del artículo 3.3 de la Ley 142 de 1994, que ordena a la Creg diseñar una regulación diferenciada que reconozca con justicia las condiciones climáticas, geográficas y operativas de nuestra región.

Esta propuesta nace directamente de la realidad que vivimos a diario en el territorio, donde los gobernantes enfrentamos la enorme frustración de ver cómo se frenan las oportunidades de desarrollo.

En el Atlántico trabajamos incansablemente por estructurar proyectos, atraer grandes inversiones, impulsar la logística y generar empleos de calidad para nuestra gente. Sin embargo, chocamos contra un muro infranqueable cuando la insuficiencia de capacidad y las restricciones en los puntos de conexión eléctrica impiden que esas empresas se instalen.

Enfrentamos la inminencia de un fenómeno de El Niño con una probabilidad de 83% de extenderse hasta 2027, lo que presiona al máximo un sistema dependiente de los embalses y exige un respaldo térmico robusto que hoy sufre por la estrechez en la oferta nacional de gas.

Nos inquieta ver que las plantas térmicas del Caribe no cuentan con las mismas garantías de abastecimiento ni con la liquidez necesaria para operar sin interrupciones. Resulta contradictorio exigir confiabilidad técnica al sistema mientras se toleran una cadena de pagos rota y una fragilidad financiera que amenaza con apagar la generación cuando la hidrología baje.

Esta preocupación no es teórica ni surge de un cálculo distante: cuando dirigí Corelca en 1992, viví en carne propia las consecuencias sociales y económicas de administrar el apagón más grave de nuestra historia moderna, una crisis que paralizó actividades y golpeó la confianza nacional.

Repetir ese escenario hoy, en una Colombia totalmente digitalizada e interconectada, significaría, según Lumen Economic Intelligence, pérdidas estimadas en $30,7 billones (1,6% del PIB), la disminución de 210.000 empleos y la caída de casi medio millón de personas en la pobreza.

Por todo esto, el llamado del Caribe no es una solicitud de privilegios ni una petición improvisada, sino la exigencia de una aplicación justa de las leyes que ya rigen en el país para asegurar un servicio equitativo y competitivo.

La seguridad energética es la base de la seguridad económica y social de la Nación, y sería inadmisible que, teniendo hoy la tecnología, las instituciones y el conocimiento que nos faltaban en 1992, dejáramos que un racionamiento apague la economía.