El poder político en un gobierno de una democracia representativa de un Estado Constitucional de Derecho es limitado por el derecho y los derechos humanos. Le fija al gobernante tres esferas: una sobre lo que tiene que decidir, otra en la que no puede decidir y finalmente en la que tiene el deber de decidir.

En este modelo institucional del Estado Constitucional de Derecho, como lo es nuestro Estado, el ejercicio del gobierno tiene que enmarcarse en los límites de lo que puede hacer, lo que no puede hacer y lo que necesariamente tiene el deber de hacer. Todo gobernante es un subordinado del poder soberano que reposa en la ciudadanía. Es derivado y sometido al poder constituyente. Esta realidad es insoslayable y no puede pasarla por alto ninguna autoridad individual o corporativa. No pueden olvidarse estos límites.

Tanto es así que hay un principio fundante de la democracia representativa y es que no existe tributo sin representación. Los tributos, sean tasas, impuestos o retribución, no pueden ser establecidos por el poder político sin la autorización del poder soberano (ciudadanía). Por regla general, la autorización para su establecimiento se determina, en su procedimiento y límites, por la Carta Política.

Nuestra Constitución impone para el establecimiento de los tributos que el Parlamento respete los principios de solidaridad, equidad, progresividad y trato discriminatorio justificado. Estos son propios de una república justa, y para que haya paz social y orden público económico deben respetarse en forma estricta.

En la creación o imposición de tributos, el Parlamento está limitado por estos principios y no puede tratarse a las personas sujetas a los tributos, en forma discriminatoria no justificada, al señalar arbitrariamente quienes pagan de una forma u otra.

Por los principios de solidaridad, equidad, progresividad y trato discriminatorio no justificado, los más ricos tienen que contribuir más con el pago de los impuestos. En este momento, se está procediendo de manera contraria.
Se está tramitando una reforma tributaria que pone en peligro el equilibrio fiscal y las finanzas públicas. Lo pone en peligro porque se recaudará menos y el menor recaudo fiscal incidirá en forma negativa en las finanzas públicas y en la salud de la república. A menor recaudo, menor protección a los derechos sociales y menor desarrollo humano. La criminalidad y el desorden público aumentarán. El desempleo y la pobreza crecerán si se sigue por ese sendero.

La ciudadanía ha salido a las calles para rechazar esta política. El expresidente César Gaviria acierta al calificarla de “mala, peligrosa y dañina”. Esta reforma tributaria está concebida para beneficiar a los superricos. Es un regalo a la plutocracia. Quienes deben pagar más son exonerados. La falacia que la sustenta es que al hacerse más superricos las ganancias se destinarán a crear empleos. La experiencia enseña que no.

La indignación ciudadana crece y crece y lo seguirá haciendo si se insiste en la implementación de esta “mala, peligrosa y dañina” reforma tributaria. Afectará la legitimación del Gobierno nacional. El frenesí neoliberal está saliendo a empellones por el rechazo de los ciudadanos. El Parlamento nacional, como cuerpo representativo, tiene que escucharlos y hundirla.