La Corte Constitucional y su interés en el discurso regional

Eduardo Verano de la Rosa

Se realizó en Barranquilla con rotundo éxito el VIII Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional “Una Mirada a la Regiones”, organizado por la Corte Constitucional.

Este evento, que contó con una nutrida participación de especialistas en desarrollo territorial, tuvo como propósito fundamental ubicar en el centro de las discusiones de los estudios de la estructura del Estado, el tema de los derechos constitucionales colectivos, especialmente el de la autonomía de las regiones y de las localidades.

La modernidad exige la institucionalización científica y eficiente del manejo del poder político y no existen fórmulas únicas que se puedan imponer a la interpretación de la doctrina de la organización del Estado en cada país.

Al tener el Estado un componente territorial, se debe analizar la  realidad histórica de cada pueblo, donde lo más importante sea la calidad de vida de su gente, es decir, que la dinámica de la estructura del Estado se potencialice en función de los ciudadanos.

De allí que sea fundamental que el poder del Estado se comparta con las entidades territoriales para dotar, de especial capacidad, a cada una de las regiones con el propósito de elevar sus niveles de autogestión.

La posición actual del Gobierno nacional sobre las regiones confirma que hace falta un largo trecho por caminar. Es claro también que no se podrá introducir los cambios necesarios con las simples figuras asociativas propuestas y actualmente en funcionamiento.

Son figuras débiles que nunca jamás fortalecerán el poder y la capacidad de gestión desde las regiones y localidades.

Como consecuencia de ello, se abre camino para un Gran Acuerdo Nacional con el fin de lograr una verdadera revolución en el ordenamiento territorial con una visión regional.

Otro aspecto esencialmente positivo del conversatorio de la Corte Constitucional fue comparar lo qué está ocurriendo en otras partes del mundo, especialmente en Italia, México, Argentina, España, donde se han dado avances significativos a partir de sus procesos de regionalización.

El resumen de las experiencias internacionales nos presenta un panorama asimétrico dentro de cada país, lo que es a nuestro juicio altamente positivo porque permite a las regiones su búsqueda de auto-organización.

Estamos al frente de un pluralismo jurídico en lo territorial, lo que habla por sí solo de un nivel de maduración de las naciones que asumen procesos de regionalización.

En conclusión, no se puede unificar la organización de un país de manera homogénea.

Los especialistas extranjeros también opinaron que el proceso de construcción de la organización del Estado jamás será un producto terminado, y que por el contrario, está en constante evolución.

Por último, dijeron que no es viable copiar experiencias de un país a otro. Cada país tendrá que fabricar su propio proceso, no obstante, un trabajo de ‘benchmarking territorial’ sutil sí permite revisar puntos de encuentro y desencuentros entre las naciones.

Para nuestro país quedó más que evidenciada la necesidad de fortalecer al Estado Unitario a través de la dotación de una verdadera autonomía política y económica de las regiones.

Especialmente ahora que las regiones están permeadas por la dinámica de la globalización y están al frente de circunstancias geopolíticas como la integración latinoamericana que demanda un desarrollo fronterizo y marítimo, que requiere figuras mucho más avanzadas de organización del Estado para poder lograr su total desarrollo.

Finalmente, es evidente la dificultad en la nación para lograr el Gran Acuerdo que se requiere para una verdadera redistribución del gasto social.

La organización nacional debe ceder muchas de sus atribuciones, incluso legislativas, distribuir mucho mejor los recursos para lograr equidad de poder y, eso sí, poner a funcionar sus órganos de control para garantizar una verdadera eficiencia y transparencia en los gobiernos autónomos regionales.