Una responsabilidad que tenemos que asumir los colombianos, en particular, los servidores públicos, es trabajar de manera decidida para que los acuerdos de paz que se negocian en la actualidad, alcancen el mayor reconocimiento de todas las comunidades. 

Es una responsabilidad que nos atañe a todos porque la paz y el derecho a la convivencia no son exclusivos de las partes que negocian, es un asunto general.

En otras palabras, la responsabilidad de que los acuerdos alcancen la máxima legitimidad política, jurídica y moral para la paz no es una responsabilidad exclusiva y excluyente del gobierno nacional. El presidente Juan Manuel Santos Calderón lidera, con grandeza de espíritu y alma republicana, la política de Estado de la paz, pero una cosa es que lidere esa política y otra que su peso recaiga totalmente en su gobierno.

La paz es de todos, por esta misma razón, tenemos el deber moral y político de rodear la política de paz. Esto no significa, ni puede significar, que este deber sea ciego, por el contrario, es un deber consciente, fruto de la razón teórica y práctica, en la que se someta a debate qué es lo mejor para construir el escenario de la paz, no obstante, la deliberación no puede llevarnos a la anarquía o la parálisis, hay que apoyar la reconciliación y deliberar en público.

El consenso y la legitimidad para el fortalecimiento de una democracia son imposibles sin una deliberación amplia y libre -de abajo hacia arriba y hacia abajo- con la participación mayoritaria de la ciudadanía. En este sentido, el Gobierno  tiene que promover políticas que masifiquen este proceso de construcción de democracia, a fin de alcanzar la superación del conflicto armado.

La legitimidad es difícil construirla en la actualidad, hay muchas heridas abiertas por las conductas de las partes en el conflicto armado y por el sello que deja en el alma conocer, de antemano, que habrá impunidad. La realidad de la guerra nos conduce a un orden jurídico que busca la paz, pese a que contendrá injusticias. 

Y no puede ser de otra manera. Goethe, que era un sabio jurista, en su obra filosófica “Máximas y reflexiones” en un genial aforismo, anotó: “Es mejor que sufras una injusticia a que el mundo se quede sin leyes. Sométanse  todos, por tanto, a la ley”.  Y, Kant, que no era menos sabio que Goethe, en “Hacia la paz perpetua” reflexionaba acerca de la obediencia al derecho: “Toda política debe doblar sus rodillas ante el derecho”. En este caso, a un derecho propio de la justicia transicional que es el derecho hacia la paz.

Asimismo, es momento de recordar la enseñanza de Sócrates en la antigua Grecia, quien prefirió beber la cicuta y morir en cumplimiento de una decisión jurídica injusta que negarse a desobedecer la ley y el derecho. Su lema fue: mejor soportar una injusticia que cometerla. Hoy, para alcanzar la paz, se requiere que muchas injusticias sufridas queden impunes a impedir que la paz sea posible. Es el camino del perdón y la reconciliación que tenemos que construir rápido.

Bajo estas ideas de alcanzar la paz, el país reclama, con urgencia, que la política  de la paz no sea solamente del gobierno nacional, por el contrario, se debe tener la confianza de que no está solo en este fin, por lo tanto, un llamado a todos los gobiernos departamentales, distritales  y municipales y a la ciudadanía en general  es prioritaria para hacerse y coordinarse. Aquí estamos para  aportar a este propósito nacional del que por derecho propio hacemos parte.