Colombia está intervenida

Desde campaña, Gustavo Petro habló de desarrollar el capitalismo en Colombia. Incluso hoy, su candidato habla de un “capitalismo social”. Pero, así como incumplió lo que firmó en mármol, muy pronto quedó clara cuál era su verdadera visión económica.

Más que fortalecer las reglas de mercado, lo que se ha visto es una creciente intervención del Estado en sectores clave de la economía.

El caso más evidente es el de la salud. El Gobierno pasó a intervenir varias de las principales EPS, concentrando bajo control estatal a 62,5% de los afiliados del sistema, lo que en la práctica convierte al Estado en el principal operador. Y no es que las intervenciones sean algo nuevo: muchos gobiernos las hicieron. Pero buscaban corregir o liquidar. Hoy parecen orientadas a retener y operar. No es intervenir para corregir: es intervenir para administrar.

Sin la aprobación de su reforma, el Gobierno intenta trasladar por la fuerza la gestión del sistema al Estado. El resultado es diciente de lo que podría implicar ese modelo. En esas EPS han aumentado las quejas, las tutelas y los retrasos en pagos a clínicas y proveedores, a lo que se suman fallos judiciales que cuestionan las decisiones y denuncias sobre el manejo de recursos. Según la Contraloría, en 2025 estas entidades reportaron pérdidas por $16,86 billones y gastaron $109 por cada $100 que les ingresó.

En paralelo, la SAE, encargada de administrar activos incautados, acumula denuncias por nombramientos no idóneos, estructuras burocráticas y decisiones cuestionables en contratación. El problema no es que el Estado administre estos activos; el problema es que, cuando lo hace, en lugar de recuperar valor, lo destruye.

En energía, la intervención de empresas como Air-e no mejoró el servicio y dejó alertas sobre la sostenibilidad financiera del sistema. En infraestructura, la animadversión hacia las concesiones ha frenado proyectos clave, incluido el Muelle 13 en Buenaventura, hoy bloqueado para el comercio exterior. En pensiones se busca concentrar recursos en Colpensiones; en hidrocarburos no se otorgan nuevos contratos mientras Ecopetrol se desvaloriza; en el sector financiero se plantean inversiones forzadas, y hasta en alimentos se han propuesto restricciones a exportaciones para intervenir precios. El patrón es siempre el mismo: más control estatal, sin mejores resultados.

No estamos ante una reforma estructural ni ante una estatización abierta. Estamos ante algo más gradual, pero no por eso menos profundo: una intervención económica progresiva, construida a partir de decisiones acumuladas.

Así como se están administrando mal entidades específicas, se está haciendo lo mismo con el país. Colombia luce hoy como una EPS intervenida: más gasto, más deuda y peores resultados.
Los números lo confirman. Colombia creció apenas 2,6% en 2025, por debajo de su potencial. La inversión cayó al nivel más bajo en dos décadas, 16% del PIB, desplazada por un gasto público que supera 18%. Mientras no se cumplen los estimados de recaudo, la deuda ya supera 64% del PIB y el déficit fiscal cerró en 6,4%, el segundo más alto del siglo por fuera de la pandemia. El déficit primario llegó a 3,5% del PIB, el mayor en 30 años.

La diferencia no está en si el Estado interviene -todos los gobiernos lo han hecho-, sino en el propósito y los resultados. Históricamente se intervenía para corregir o liquidar. Hoy se interviene para quedarse y sustituir al sector privado, sin que los resultados demuestren mejoras que lo justifiquen.

Las instituciones han impedido una estatización abierta. Pero cada decisión acumulada acerca más al país a un modelo en el que el Estado lo quiere hacer todo y termina fallando en todo. De continuar esta trayectoria, Colombia no solo quedaría intervenida: quedaría controlada por un modelo que ya ha demostrado su fracaso.